El golpe de estado (blando, duro o judicial) contra el presidente Gustavo Petro es un “significante vacío” que recoge todas las pulsiones, rabias, odios y obsesiones de la ultraderecha contra el actual jefe del Estado colombiano.
La última versión de este artefacto político es la decisión del flamante Consejo Nacional electoral/CNE de dar apertura a una investigación “cuasi judicial” a la campaña electoral de Petro adelantada entre el 2021 y el 2022, con el explícito propósito de destituirlo.
A sabiendas del fuero judicial que rodea la figura presidencial en Colombia (solo lo puede procesar la Comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes y el Senado), esta plantilla del órgano electoral colombiano –integrada por reconocidas figuras de la ultraderecha y el corrupto clientelismo- asumió funciones que no le corresponden para dar trámite a una revancha de los sectores que fueron derrotados en las votaciones presidenciales del 2022 por el propio Petro y el Pacto Histórica y recuperar de esa manera los espacios institucionales de los que fueron desalojados por la coalición popular.
Todo indica que, en este caso, el golpismo ultraderechista colombiano le ha dado forma a una ruta política cierta para dañar el actual gobierno, luego de que las otras modalidades de la conspiración y desestabilización se diluyeran en su nefasta intención.
La fórmula tiene visos de verosimilitud y acierto para el cometido estratégico del bloque oligárquico adverso al proyecto popular que por primera vez en la historia nacional se cargó a su favor el cuerpo institucional más sólido del régimen político nacional.
De manera más abstracta, el cuadro de la lucha de clases configurado alienta el resabio y el odio de la plutocracia dominante para dar el zarpazo definitivo a la “primavera política” encarnada en el trasiego reformista y popular del presidente Petro, que ha colocado toda su voluntad de poder para alcanzar la paz, la justicia social, la económica y la ambiental en favor de millones de ciudadanos excluidos por un sistema atrabiliario del que se rentan y sirven minorías sociales racistas y violentas.
Esta película tiene cierto grado de similitud con la destitución de Dilma Rouseff en el Brasil, en agosto del 2016. Hay que volver la mirada hacia este caso por el legalismo con el que se hizo.
En la esfera pública, Petro ha refutado, uno a uno, los cargos endilgados por esta banda de politiqueros “cosplay” que finge magistratura y sentido de Estado, cuando en realidad es un lumpen político emergido de las entrañas mismas de la corrupción y la trampa judicial.
En sus herramientas de comunicación con la multitud el presidente Petro ha dicho con bastante lucidez política que el golpe de Estado ha dado su primer paso sin equívocos. No es una falsa alarma. No es una exageración, y hay que derrotarlo.
¿Cuál la forma, cuál el método, cuál la ruta para aplastar esta arremetida reaccionaria?
La respuesta es la lucha de masas con las Asambleas populares y con la movilización del poder constituyente.
En la actual coyuntura la prioridad es esa. Enfrentar con toda la energía ese golpe y profundizar el sentido y los alcances de las reformas y los cambios democráticas y populares. Hay que corregir errores, hay que superar desarmonías que alimentan el escepticismo popular como las detectadas en la alicaída Paz total que perdió su rumbo en manos de actores institucionales cargados de resentimientos y caprichos para cobrar viejas cuentas mediante enjambres de amigotes recuperados para la insana vindicta, dando pie a la oleada de masacres y exterminio sostenido de líderes sociales y excombatientes guerrilleros como consecuencia de la bancarrota de las Mesas de diálogo y negociación; o como cierta pasividad frente a la corrupción que sigue muy campante haciendo daño en lugares vitales del gobierno como en el caso de Ecopetrol; o como el burocratismo que enmaraña tareas estratégicas como la reforma agraria integral, que por momentos parece encallar en el trafago asfixiante de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural; o como la impunidad que campea en tantos casos de corrupción porque la Fiscalía no parece dar muestras de vida en las presentes circunstancias.
La movilización de masas y las Asambleas populares para derrotar el golpe que comenzó debe pasar de una mera frase o retórica vacía a concretarse en su organización y despliegue. Alguien en el gobierno y en el bloque político popular tiene que asumir las tareas correspondientes con disciplina y energía. La pelota no se la pueden pasar del uno al otro mientras el demonio neofascista arremete para destruir lo conquistado en los últimos 26 meses.
En ese orden de ideas, hay que hacer todas las tareas. Desde la más simple a la más audaz. Desde pintar una consigna, escribir una nota, utilizar las RSS, ir a un conversatorio, poner a funcionar la radio, la televisión hasta promover grandes eventos como las Mingas indígenas y las movilizaciones obreras lideradas por la Cut y las demás organizaciones sindicales como Fecode y Fenaltrase.
Es la multitud en su materialidad rizomatica la que debe definir en asambleas, marchas, bloqueos y manifestaciones el curso posterior de nuestra historia para garantizar la transición hacia la paz democrática que con tanto acierto ha liderado el presidente Gustavo Petro en los últimos meses; imprescindible en un horizonte que debe prolongarse más allá del 2026 superando el obstáculo del diseño institucional esgrimido para paralizarlo en su energía y creatividad.
No hay que creerse cuentos, la historia hace los arreglos convenientes para evitar su degradación contrarrevolucionaria, pero hay que acompañarla en ese menester. No hay que pecar por ingenuos o por ser simplemente idiotas de los que se aprovechan con la picardía “vivazos” tipo Prada, Lorduy y los otros del CNE.
