El pasado julio del corriente año, una gran cantidad de ciudadanos marcharon en diversas ciudades de Colombia por la paz con el lema “no más líderes sociales asesinados”, exigiendo al presidente Iván Duque que tomara medidas en el asunto. En Bogotá, la marcha comenzó en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y culminó en la Plaza Bolívar.
Según Naciones Unidas, desde que fue firmado el acuerdo de paz en el año 2017 se asesinó un promedio de un líder social cada cuatro días. Por otra parte, según Indepaz (Instituto para el Desarrollo y la Paz), se han registrado más de 620 asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y activistas campesinos e indígenas desde el 1 de enero de 2016 al 8 de julio de 2019. Sin embargo, esta situación no solo abarca a activistas y líderes sociales sino también a excombatientes de las Farc. Indepaz precisó que desde la firma de los acuerdos hasta la fecha fueron asesinados 137 insurgentes.
Esta marcha simbolizó no solo el cansancio y desazón de miles de ciudadanos, sino que también constituyó una clara posición en contra del presidente Iván Duque que desde su asunción, hace alrededor de un año y medio, no hizo más que trabar el proceso del acuerdo de paz entre el Estado y la otrora guerrilla —ahora partido político— Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Algunos le han otorgado el carácter de genocidio, por las sistemáticas violaciones de derechos humanos perpetradas hacia estos grupos sociales en el marco de un supuesto régimen “democrático”.
La situación resulta alarmante para gran parte de la población, teniendo en cuenta además de que luego de firmado dicho acuerdo, las cantidades de líderes muertos no solo no se redujeron, sino que se incrementaron. La ya conocida trama de poder que opera en la vida política colombiana tejida por acciones del gobierno nacional, el narcotráfico y paramilitares impiden la acción y movilización de muchos sectores, víctimas del miedo y las consecuencias que puedan tener sus reclamos.
Además, muchos analistas, pensadores, investigadores y periodistas colombianos insisten en señalar el vínculo que hay entre estas muertes con prácticas paraestatales. Si bien en su mayoría son ejecutadas por parte de “sicarios” o personas civiles, en muchos casos se les asigna a los agentes estatales la autoría intelectual de los asesinatos.
El miedo a hablar y a manifestarse en el país es ya de larga data y ampliamente conocido. Sin embargo, esto hoy está comenzando a cambiar. Nos parece de suma urgencia elevar esta problemática por fuera de las fronteras de Colombia e informar y socializar lo que ocurre en el país hermano del continente latinoamericano.
Como dice Fabián Torres en una nota de Las2orillas: “Se optó por acabar a todo aquel que generara oposición: estudiantes, políticos, líderes sindicales, campesinos, indígenas, todo en nombre de la droga, del dinero y el Estado (…) somos el resultado del odio, la muerte y la metralla de una guerra ajena”.
Estas muertes en particular no son sino una más en la lista de categorías a las que el Estado colombiano nos tiene acostumbrados. Una de ellas, por ejemplo, son las muertes por “falsos positivos”, en donde el Estado simulaba terminar con la vida de guerrilleros o otros agentes como “bajas en combate”, y no hacían sino asesinar a civiles o personas que nada tenían que ver con el conflicto. Estos hechos ocurrieron durante los años 2006 a 2009 durante el programa de “Seguridad Democrática” del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Como diversos investigadores han marcado, Colombia transita en la contemporaneidad una guerra irregular interna, producto de la “inmersión profunda del Estado en el modelo neoliberal”. En este proyecto, en el que se incluye el actual presidente, discípulo de Álvaro Uribe, quien fue presidente en los períodos 2002-2006 y 2006-2010, se promulgó la ampliación de la inversión estatal alrededor de lo que se concibe como guerra contra el “narcoterrorismo”. “Aumento del gasto militar, la compra de armas y aeronaves, las aspersiones con glifosato sobre los cultivos de coca, las propuestas de conformación de redes de informantes (que contribuyan al control de la delincuencia organizada y los grupos al margen de la ley), y otro sinnúmero de estrategias relacionadas, que se articularon a lo que se denominó el Plan Colombia” (Sabogal, 2012, p. 8).
El gobierno del actual presidente Duque ha resultado ser una continuidad de este modelo represivo instaurado por la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez. Este no solo rechaza los reclamos de campesinos e indígenas, estudiantes y trabajadores, sino que deslegitima la palabra de todo aquel que se exprese en contra de sus ideales, basándose así su modelo de gobierno en un autoritarismo que fortalece las políticas represivas y el ingreso de “inversiones de privados”.
