Después de ocho meses de haber sido intervenida Electricaribe por la Superservicios y luego de cuatro meses en que esta decidió liquidarla, el gobierno nacional le entregó a la banca internacional la decisión sobre el futuro eléctrico de la Costa Atlántica. Quedó en manos de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), entidad controlada por la Corporación Financiera Internacional (CFI del Banco Mundial), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y Sumitomo Mitsui Banking, de Japón, y una injerencia menor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La gravedad de esta determinación estriba en que sin tener en cuenta a las fuerzas vivas de la Región Caribe a los siete gobernadores de sendos departamentos, a los alcaldes distritales y municipales, a diputados y concejales, a millones de usuarios residenciales y al sector productivo, quienes van a decidir a qué trasnacional o corporación le van a entregar el servicio eléctrico de más diez millones de habitantes son los representantes de los tiburones del capital financiero internacional. Son los mismos que manejan y controlan la Financiera de Desarrollo Nacional, que de nacional no tiene sino el nombre. Pero para empeorar el dislate, es con recursos públicos de todos los colombianos como sufragarán los más de 1.700 millones de pesos que hay que cancelarles a dichos banqueros “por hacer la tarea” de enajenar de nuevo el patrimonio público.
Es un hecho irrebatible que entregarle en la Costa la comercialización y distribución eléctrica a la trasnacional Gas Natural Fenosa se hundió en el fracaso más rotundo. El monopolio español nunca hizo las inversiones requeridas para hacerle mantenimiento a la infraestructura de redes, subestaciones, transformadores y posterías, y mucho menos para mejorarla, sino que se dedicó a saquear los escuálidos bolsillos de la pobrería y de la clase media y empresarial. Cambió redes de cobre por aluminio de mala calidad, violó el contrato de condiciones uniformes al no cumplir el compromiso de entregar energía de mínimo 110 voltios, lo que daña artefactos eléctricos y eleva el consumo en forma tramposa, y se embolsilló grandes recursos de los programas de normalización de redes (Prone) y de electrificación rural (Faer), como lo demostró la Contraloría General de la República.
El mismo organismo de control acaba de revelar que tan solo en los años 2015 y 2016, los españoles desviaron para sus faltriqueras $78.500 millones de los subsidios del FOES encaminados a aminorar el valor de las facturas de los estratos uno y dos. Estos dineros del FOES provienen el 50% del presupuesto nacional, al que contribuyen todos los colombianos, y de las tarifas de los usuarios, que pagan $2,10 del ítem del sistema nacional de transmisión (Ley 1753 de 2015, artículo 190). Para decirlo sin rodeos, la trasnacional se apropió ilegalmente de recursos de toda la ciudadanía, lo que debe llevar a investigaciones serias y sanciones ejemplares.
Todos los sectores sociales, institucionales y gremiales de la región debemos insistir en que el servicio eléctrico es vital para la calidad de vida de la población y para la competitividad del sector productivo. Por eso, requiere de cuantiosas inversiones de varios billones de pesos, que solo el Estado puede acometer, a fin de modernizar la infraestructura eléctrica en planes de corto, mediano y largo plazo. Siendo así, tanto el manejo como la administración deben ser oficiales, porque si se entregan de nuevo a una trasnacional, como pretende hacerlo la FDN, sería repetir el antiquísimo mito de Sísifo de la Antigüedad griega. Sísifo era un titán, condenado por los dioses a subir un peñasco a una cima muy alta. Y cuando Sísifo lo lograba, los dioses volvían a hacer rodar la piedra para hacerlo sufrir sin fin. Es lo que pretende hacer con nosotros la banca internacional.
