La española Unión Fenosa tomó las riendas de Electricaribe en el 2000 cuando le compró la participación a un grupo de inversionistas privados. Además de las permanentes quejas por el mal servicio y los constantes apagones que padecen los habitantes de la Costa Caribe colombiana, la empresa fue incapaz de realizar las inversiones públicas acordadas, y se reventó por la deuda creciente producto de los incumplimientos en los pagos por los usuarios.
La deuda con el sector financiero, que suman 1,8 billones de pesos, de los cuales $ 1,1 billones son con las de las diferentes entidades del Grupo Aval y de Bancolombia.
| ADEUDA | VALOR |
| Pensionados | 1.200.000.000 |
| Entidades Financieras | 1.800.000.000 |
| Intereses Financieros | 249.000.000 |
| Empresas Generadoras | 389.000.000 |
| TOTAL | 3.638.000.000 |
Por decisión del gobierno Duque en el Plan de Desarrollo que hace trámite en el Congreso, este gran hueco deberá ser cubierto por los colombianos de los estratos 4, 5 y 6 de todo el país, además de comerciantes e industriales, que deberán pagar una sobretasa de $4 por kilovatio durante dos años. A esto se le suma el 1 % que deberán pagar los contribuyentes de la Superservicios, para poder cubrir el pasivo pensional y prestacional de Electricaribe, empresa que distribuye la energía a más de 2,6 millones de usuarios de la región Caribe
El español José García Sanleandro, exgerente de Electricaribe, indicó en su momento que existía un importante volumen de pérdida no técnica, por fraude de energía, la cual en 2015 le representaba a la compañía 800 mil millones de pesos, además de un impago de facturas por parte del 56 % de la Costa, que significó que ese mismo año generó una cartera de $ 1,6 millones de pesos. Esto a pesar que el 80 % de los clientes de Electricaribe son estratos 1,2 y 3 que reciben subsidios del Gobierno de entre el 15 y el 60 % de la factura. García Sanleandro indicó que era incapaz de resolver los grandes problemas de morosidad y fraude sin la ayuda del gobierno colombiano.
En 2015 el gobierno como socio minoritario de Electricaribe, autorizó una inversión pública por valor de dos billones de pesos para mejorar la infraestructura y redes eléctricas. La contraprestación que debía asumir Electricaribe era llevar a cabo las inversiones necesarias para garantizar un buen servicio eléctrico, pero tales acuerdos no llegaron siquiera al 30% de lo pactado para el año 2016.
Los gobernadores y alcaldes de la Costa, de manera unánime le pidieron desde abril de 2016 al Gobierno Santos, que un nuevo operador manejara la disribución de la energía en la región, ante las reiteradas fallas en la prestación del servicio en los siete departamentos de la costa atlántica. En promedio, al año, cada uno de los usuarios no tenía energía por 92 horas y se recibían 85.000 quejas en contra de Electricaribe. En 2014, las numerosas denuncias efectuadas ante el Ministerio Público ya reflejaban irregularidades en la gestión de los impagos, coerción y chantajes a la hora de realizar acuerdos de pago por deudas.
Finalmente, el 15 de noviembre de 2016, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros intervino a Gas Natural Fenosa (empresa resultante siete años antes de la fusión en España de Gas Natural con Unión Fenosa), tras vencerse el plazo que el gobierno le había concedido para que capitalizarla con el fin de garantizar las inversiones necesarias para mejorar el servicio. Ante el riesgo de inviabilidad financiera, la inminencia de la cesación de pagos por parte de la empresa y la imposibilidad de seguir prestando el servicio con eficiencia, calidad y continuidad, el gobierno dio el paso.
Tras la intervención de su filial, Gas Natual Fenosa, realizó acercamientos con varias instancias del Estado Colombiano, incluyendo al Rey Felipe VI que le “pidió” al presidente Juan Manuel Santos en octubre de 2016 en Cartagena que se reuniera con la empresa para buscar salidas al problema. El primero de marzo de 2017, la canciller colombiana, María Angela Holguín en visita a España, manifesto “la mejor voluntad” del gobierno colombiano de arreglar el conflicto. 15 días despues, la Superfinanciera ordenó su liquidación.
Como primer resultado, en noviembre de 2017, Gas Natural Fenosa decidió irse del país y le vendió al fondo canadiense Brookfied la participación que tenía Gas Natural SA EPS. Y el 15 de junio del año pasado, exigió una suma de 1.660 millones de dólares por los daños causados por la intervención y posterior liquidación de Electricaribe, ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
El gobierno colombiano en cabeza de Camilo Gómez, como director de la Agencia Jurídica del Estado, contraatacó el pasado 4 de diciembre con una demanda a la actual Naturgy Energy Group (nombre cambiado en junio de 2018) por USD 500 millones acusándola de haber abandonado las inversiones en Electricaribe y obligar al Estado a realizar cuantiosas inversiones en materia de infraestructura eléctrica, las cuales debía haber ejecutado la empresa. También en paralelo, Goméz se encuentra en conversaciones con Naturgy para intentar un acuerdo extrajudicial.
Por lo pronto, serán los colombianos de estratos 4, 5 y 6 quienes durante dos años sean los encargados de pagar las pensiones y prestaciones de los trabajadores de Electricaribe.
