El Consejo de Estado admitió una demanda que busca dejar sin efecto la mayor condena por responsabilidad fiscal impuesta por la Contraloría en sus cien años de historia. Se trata de un fallo que obliga a directivos de Ecopetrol y Reficar a pagarle a la Nación 2.879 millones de dólares (cerca de 9 billones de pesos), que habrían sido producto de saqueos y sobrecostos en la ejecución de los contratos en la construcción de la más mayor refinería de crudo en el país.
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La demanda, denominada acción de nulidad y restablecimiento del derecho, fue presentada por los afectados por la decisión, entre la que figuran empresarios reconocidos como Orlando José Cabrales Martínez, el expresidente del complejo Reyes Reinoso Yanes y los exvicepresidentes Andrés Virgilio Riera, Magda Manosalva Cely y Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, entre un total de 13 personas.
Aunque la demanda pone en vilo el fallo que podría ser anulado, la batalla jurídica está lejos de terminar. La justicia penal está evaluando pruebas sobre millonarios pagos irregulares a proveedores, hechos varios de ellos por la firma constructora Chicago Bridge & Iron Company, incluso en paraísos fiscales. Las pruebas podrían ser examinadas por expertos forenses de la agencia estadounidense FBI para establecer si recursos pagados por esa vía hicieron parte de un circuito de lavado de activos.
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