No para el jugoso negocio de la administración municipal de La Dorada con las cámaras trampa que tienen ubicadas estratégicamente en dos puntos de la ciudad donde abruptamente la velocidad máxima permitida se reduce a 40 kilómetros por hora en una vía de doble calzada de reducido tránsito automotor.
Se pasan por la faja a la mismísima Corte Constitucional que en su más reciente sentencia sobre el tema, la 038 de 2020, declaró inexequible el artículo de la ley que regula las fotomultas. En esa ley —que fue demandada— el artículo 80 dictaba que el propietario del vehículo era responsable solidariamente por las infracciones que se cometan con su auto. Con la sentencia de la corte, para imponer una infracción al propietario del vehículo se debe demostrar, por parte de la Secretaría de Tránsito, que quien lo conduce al momento de la infracción es el mismo propietario.
Claramente no cumplen con lo dictado por la corte, pasan por encima de la ley e imponen a diestra y siniestra multas sin cumplir mínimamente con el derecho constitucional a la defensa y el debido proceso.
Más allá de la cuestión jurídica, la pregunta es: ¿qué hacen con todo el dinero recaudado por estas cámaras trampa? ¿A dónde ha ido a parar? ¿Cuál ha sido el beneficio en términos de seguridad vial de dichas cámaras? ¿Se ha reducido la accidentabilidad? Es el municipio el que realmente se beneficia del dinero, o, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, que tienen amarrado un contrato con un particular para que se quede con parte de la tajada?
Cuál es la estrategia de la administración municipal: pescar en río revuelto; es decir, hay algunos ciudadanos que pueden acudir al engorroso proceso legal para tumbar estas multas, que consiste en radicar un derecho de petición, esperar respuesta, y si es negativa, interponer una acción de tutela. Casi siempre se le da la razón al ciudadano porque son más que obvias las irregularidades del procedimiento que siguen en la Alcaldía de La Dorada. Pero la mayoría de los ciudadanos desconocen sus derechos y simplemente pagan la multa, o sencillamente están urgidos de realizar un trámite que tenga que ver con tránsito y transporte, para lo cual se les exige que estén a paz y salvo en cuanto a infracciones y no tienen más remedio que pagar para poder continuar con dicho trámite.
En el colegio nos enseñan que Colombia es un estado democrático con tres ramas del poder autónomas que se mantienen en equilibrio. Sin embargo, la realidad es que todos los días se hacen microgolpes de estado contra la rama legislativa, la única que intenta controlar de alguna manera la voracidad de las abusivas ratas que nos gobiernan. Desconocen sus sentencias, usan sus medios de comunicación para poner la opinión pública en contra de sus decisiones o simplemente se hacen los locos para no acatarlas.
