La politóloga Natalia Springer había pedido plazo hasta el 29 de febrero para cerrar su investigación, tiempo que se tomó para conseguir una validación de expertos de comisiones internacionales de países que han negociado conflictos, como Yugoslavia. Su compromiso era entregarle al fiscal Eduardo Montealegre un modelo de investigación de las acciones ilegales de las Farc; bandas criminales y el ELN que sería articulado con la justicia especial para la paz pactada en Cuba y aplicado en el marco del posconflicto. La Fiscalía pagó en total 4.275 millones (sumados los tres cuestionados contratos), cifra que le resultó escandalosa a la opinión pública. El Fiscal recibió el informe final y se lo guardó. Ha preferido no revelar los resultados de la investigación no solo por considerar que se trata de un insumo para el nuevo modelo de contexto y priorización de la Fiscalía sino porque considera que la revelación de sus alcances pueda tener un efecto negativo en La Habana. El trabajo no ha sido conocido ni quiera por el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, quien asumirá las riendas de la institución el próximo 1 de abril cuando Montealegre viaje a asumir la embajada en Alemania.
