Las agencias de seguridad, acostumbradas a enfrentar amenazas objetivas —carteles, guerrillas, paramilitares, grupos armados organizados y estructuras delincuenciales— durante esta pandemia han tenido que focalizar sus especialidades en enfrentar a un enemigo silencioso e invisible: el COVID-19, un riesgo biológico para la especie humana y un desafío sin antecedentes para el Estado colombiano.
En esta línea, la Policía Nacional ha dispuesto un despliegue operativo formidable en las grandes ciudades ante la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el gobierno nacional. Los controles a las sucesivas regulaciones, diversas y cambiantes por parte de los gobiernos locales (ley seca, toque de queda, pico y cédula o pico y género…), han representado un desafío mayor para los uniformados y un gran peso para una entidad que cada día tiene menos personal en sus filas.
Sumado a esto, los servicios de policía también han estado enfocados en garantizar la seguridad alimentaria, realizar brigadas humanitarias, proteger la red crítica de salud, los sistemas de transporte masivo, las grandes superficies, tiendas de barrio, centrales de abasto, droguerías y hasta los accesos a las ciudades. Los cercos epidemiológicos y la contención de intentos de saqueos demandan grandes esfuerzos adicionales, sin contar con la carga de la seguridad ciudadana que, pese a que han disminuido notablemente los homicidios y los hurtos por el confinamiento general, la violencia contra la mujer y los delitos informáticos se han agudizado durante la cuarentena.
La institución policial ha implementado importantes campañas de prevención y acompañamiento a la ciudadanía durante el aislamiento como conciertos, clases de gimnasia, juegos para niños, cine al balcón, patrulla en casa, limpieza y desinfección de barrios y hasta brigadas de alimentación a los animales de la calle.
Por su parte, las FF.MM ejecutan la operación San Roque, en honor al santo intercesor contra las pestes y los virus. Esta operación va orientada a direccionar el accionar de las tropas en cuatro frentes: preservar la integridad de la fuerza; mantener la capacidad operacional, conservando la ofensiva contra los grupos armados y demás amenazas; hacer esfuerzos de control fronterizo; y apoyar la defensa a la Autoridad Civil (ADAC). Las ADAC constituyen un soporte esencial en materia de asistencia militar a los gobiernos locales, con el fin de asegurar las capacidades logísticas para la entrega de ayudas humanitarias, proteger la infraestructura estratégica de las ciudades y mantener el orden público a través del control militar de área urbana.
Los resultados de la Operación San Roque son contundentes: ha logrado la movilización de 200 toneladas de alimentos e insumos médicos; la entrega de cerca de 700 mil mercados en apoyo a las autoridades civiles; el abastecimiento de más de 2 millones de litros de agua potable a poblaciones vulnerables; la instalación de 6 puestos de atención humanitaria para temas de aislamiento y atención a pacientes leves; 1586 puntos de control sobre las vías principales y secundarias del país con más de 13 mil efectivos y dispositivos de control en fronteras compuesto por 30.380 soldados de tierra, mar, río y aire en las fronteras con Venezuela, Brasil, Ecuador y Panamá.
Colombia tiene unas fuerzas militares y de policía profesionales que sirven con honor y patriotismo. Aunque algunos sectores critiquen las intervenciones de los militares en las ciudades, la realidad es que son aliados fundamentales para los gobiernos locales, máxime en condiciones extraordinarias como estas. Una cosa es el papel y los anhelos de los utópicos, otra cosa es la realidad cruda y dura en donde la indisciplina social, el déficit del pie de fuerza de la Policía y la fragilidad del Estado local, requieren la presencia activa de las FF. MM. Al final, de lo que se trata es de sumar esfuerzos para salvar vidas.
