A falta de un sistema de planeación nacional, departamental y municipal, con el agregado de una desactualizada agenda catastral, se pone contra la espada y la pared a los mandatarios de los entes territoriales en el país, y mucho más a las veedurías ciudadanas en cuanto alcance e incidencia de la misma. La lógica funcional del sistema pone en primer plano a la participación ciudadana, necesaria para comprender las dimensiones sociales en su amplitud.
Lo primero que debe consolidarse en ese orden es un diagnóstico situado y preciso de la realidad social vigente en las comunidades, entendiendo que para llegar a ese punto es una condición sine qua non tener una información consolidada de los múltiples sectores que componen a una determinada sociedad. Así las cosas, con un sistema de información sólido hay una herramienta que ayude a reflexionar acertadamente o con bajo margen de error sobre la toma de decisiones en el marco del gasto público dirigido a solventar las necesidades básicas insatisfechas.
Uno de los grandes problemas que enfrenta la administración pública en Colombia es la escasa información actualizada y sistematizada en los territorios, sin acentuar otras dificultades claramente urgentes. Ese estado del arte no dinamiza la generación de elementos que satisfagan los vacíos teórico-prácticos que hallan los alcaldes o gobernadores en sus acciones gubernamentales, es decir, la mayoría de los mandatarios de turno no poseen datos precisos sobre el territorio, soslayando en la idea de un ordenamiento territorial y recaudo de ingresos propios, deficiente.
Luego entonces, se vuelve un comportamiento cíclico donde la administración pública no impacta con sus acciones acertadamente (o mejor dicho, eficientemente) al no contar con información contundente sobre las ventajas, desventajas, oportunidades y amenazas en sus comunidades y, por otro lado, las comunidades no satisfacen sus necesidades básicas por no existir una identificación clara de la vulnerabilidad y también por no participar activamente en las decisiones que los impactan, más allá de la proporción en la asignación de los recursos.
No sé debe negar los esfuerzos en el campo de la función pública por remediar los problemas más presentes y urgentes, siendo el caso de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) en su apuesta por el fortalecimiento investigativo mediante proyectos dirigidos a generar contenido intelectual que aporte al desarrollo social. Asimismo, aplaudir iniciativas como la tarea asumida por los diferentes actores que conducen el ordenamiento territorial para actualizar la base catastral en gran parte y crearlo en otras (catastro multipropósito).
En esta gama de actores que confluyen en la solución de las dificultades anteriormente planteadas están los Consejos Territoriales de Planeación (CTP), que interlocutan como representantes de los diferentes sectores de la ciudadanía frente a la institucionalidad en materia de planeación del territorio y que como una de sus funciones está emitir conceptos o recomendaciones a los planes de desarrollo departamentales o municipales, logrando de una u otra forma incidir en la agenda de gobierno y el plan operativo. Ahora, lo vinculante del concepto o recomendación es otro debate.
En síntesis, el país debe dirigirse a generar sistemas de información que ayuden a tomar buenas decisiones en la administración pública, aprovechando las nuevas tecnologías para su cometido. El tiempo traerá nuevos retos y se debe estar al día con la realidad para superar cualquier crisis.
