Según el informe del Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica, Colombia es el país más desigual en América Latina. El 42,5% de la población colombiana vive en condición de pobreza. De los 17 millones de pobres que se registraron en el 2019, se pasó en el 2020 a la astronómica cifra de 21 millones. Pobres que subsisten con menos de $331.688 mensuales. Además, más de 7 millones de compatriotas están en la completa indigencia, sobreviviendo con menos de $145.000 al mes.
Colombia es un país que afronta una pobreza monetaria que pasó del 35,7% en 2019 al 42. 5% en el 2020 y con su más grande caída histórica del PIB de un 6,8% y con las altas cifras de desempleo e informalidad. El gobierno de Duque con esta pobreza tan grande le entregó el 80% de los recursos de los subsidios del programa de Apoyo al Empleo Formal a las empresas de los grupos económicos más poderosos del país: Grupo Aval, Grupo Ardila, Santo Domingo, Corona, Char, GEA y Gilinski…
La deuda pública durante el gobierno de Duque ha crecido del 47 % del PIB al 66 %. En cuanto al presupuesto nacional, los gastos de funcionamiento se devoran más del 60 %, el servicio de la deuda se lleva la cuarta parte y solo queda para inversión social e infraestructura un 18 %. Entonces, con este panorama económico dramático de tanta pobreza, desigualdades, desempleo, informalidad laboral y crisis económica, el terreno estaba completamente abonado para un estallido social.
El gobierno del presidente Iván Duque y los partidos aliados son los principales responsables de esta crisis económica y política que tiene en el colapso al país. Las políticas del gobierno frente a la crisis de la pandemia han sido desastrosas y a pesar de que el confinamiento contuvo el estallido social del 2019. Sin embargo, agudizo la crisis y las políticas económicas erráticas del gobierno de favorecer a los más ricos y golpear a los más pobres con cascadas de impuestos fue la mecha que incendio el polvorín social.
Ahora la estrategia del gobierno para ocultar sus responsabilidades en la quiebra y en la tragedia que vive el país ha sido la de deslegitimar las protestas con el argumento de que la izquierda quiere tumbar al gobierno y acabar con el país, cuando el país está acabado y en ruinas en sus manos.
Por eso la narrativa que detrás de las protestas existe una conspiración política desestabilizadora del comunismo cubano y venezolano no se las cree ni Mandrake. Al igual que el argumento de atribuirle a unos pequeños reductos de insurgentes residuales sin capacidades logísticas reales para movilizar a millones de colombianos de las grandes ciudades para tumbar al gobierno e implantar el comunismo cae en el vacío frente a la cruda realidad de la pobreza y el hambre que sufren millones de colombianos.
Con esa perversa estrategia pretenden ocultar las razones de fondo del estallido social que se explican en los crecimientos exponenciales de los índices de pobreza, desigualdades y desempleo en las capas sociales más pobres de la población colombiana y la ausencia políticas económicas y sociales del gobierno para sacar a millones de colombianos de la pobreza.
Aquellas perversas estrategias políticas que se ha inventado el gobierno, los partidos aliados y un sector empresarial en el desespero de controlar sus privilegios y el poder se ha ido erosionando. Toda esa estrategia hace parte del libreto de la estrategia militarista neonazi de la revolución molecular disipada, la cual arranco en Cali con las hordas de civiles armados, de agentes de policías vestidos de civiles disparando contra los manifestantes. En ese orden de ideas, en Popayán, el ministro de Defensa, Diego Molano, sacó de la alcantarilla otra de las fases de las estrategias: acusar de criminales a reconocidos líderes sociales del Cauca. Lo que se avecina en los próximos días será de diálogos dilatorios y del desarrollo de otras fases de la estrategia militarista con el despliegue de un régimen de terror despiadado de asesinatos, desapariciones, montajes judiciales y de enfrentamientos de defensores del gobierno bajo las estrategias de las afectaciones por los bloqueos contra los manifestantes del paro al estilo del chavismo en Venezuela.
