En la Mesa de Protección de la Vida, el 3 de este mes, la ministra del Interior Alicia Arango expresó: "Aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos. Parece mentira, pero hay que defender a todos los colombianos y hay que defender a los líderes, por supuesto". En el evento estaban, además de los familiares de las víctimas, algunas entidades como la Procuraduría y la Comisión de la Verdad.
Sus declaraciones fueron tomadas como una afrenta y una justificación al asesinato sistemático de líderes sociales en Colombia y como un rechazo al informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para Colombia, cuyo Relator Especial, el francés Michel Forst, entre preocupado e indignado afirmó: “Lamento este tipo de declaraciones irresponsables, especialmente cuando las hace un ministro en ejercicio, aunque también es el caso de algunos miembros del Congreso”.
Arango hace parte de ese rancio abolengo cartagenero heredado de su padre Juan Arango, quien fue dos veces alcalde de esa desvencijada ciudad y representante a la Cámara por el departamento de Bolívar, cubierto de riquezas pero colmado de gente pobre. Alicia Arango se ha beneficiado de las mieles de este Estado, hasta el punto de ser la secretaria privada de la Presidencia de la República del hoy desacreditado senador Álvaro Uribe, cuya arquitectura neoliberal está cimentada para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres y a la clase media. Por lo tanto, de Arango no se puede esperar más que el desprecio por los líderes sociales y los pobres a quienes éstos representan, y actuaciones para despojar a la población de los pocos derechos que le queda.
Aunque la muerte violenta de todo humano es una pérdida lamentable, es una falacia equiparar la de los miles de colombianos que pierden la vida en los atracos y en la violencia, con los asesinatos premeditados y sistemáticos de los líderes sociales, precisamente porque las motivaciones son diferentes: En los atracos hay una acción para apropiarse de un bien, mientras que en los crímenes de líderes sociales el objetivo es acallar sus voces de protesta contra la situación actual de sus regiones o del país, voces que unidas representan a millones de personas que podrían haber cambiado el panorama político.
Estos neoliberales cuando se ven "pillados" tienen como salida tratar de equiparar sus actuaciones con otros acontecimientos, para así justificar sus cuestionadas acciones. En este caso el detonante fue el informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que hizo un enérgico llamado al gobierno del presidente Duque para que haga lo que sea necesario para detener el asesinato de líderes sociales, las desapariciones, los desplazamientos y la violencia de los Escuadrones Antidisturbios –ESMAD– en las protestas.
El uribismo, en vez de aceptar las recomendaciones del Relator Especial, lo que hizo fue tratarlo de intervencionista, a través del presidente Duque y de pedir sacarlos del país por uno de los jefes del Centro Democrático, Ernesto Macías: "El Pte Iván Duque debería revisar la relación de Colombia con ONU y cerrar esa oficina de la Comisionada de DD.HH., convertida en guarida politiquera con sesgo ideológico pasional", trinó Macías. Así, el Gobierno y el uribismo, justifican el asesinato de cerca de 250 líderes sociales y defensores de derechos humanos cometidos durante este mandato.
