En agosto de 2016 el gobernador de Nariño, Camilo Romero, expidió un decreto que fijó las reglas para la distribución de 80 mil botellas de aguardiente Nariño. Sin embargo, la Fiscalía le puso el ojo al proceso de licitación, que ganó la Organización de Licores de Nariño, por 18.000 millones, pues la empresa habría obtenido información privilegiada antes de hacerse público el proceso para quedarse con el jugoso contrato, como efectivamente sucedió. La Fiscalía acusó formalmente al gobernador y a Mario Fernando Benavides, quien actuaba como encargado, ante la Corte Suprema de Justicia que los juzgará por los posibles delitos de contrato sin requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público y asociación para cometer delito contra la administración pública.
