El 3 de enero de 2026 pasará a la historia no solo de Venezuela, sino de toda América Latina: el presidente Nicolás Maduro ha sido capturado por fuerzas de Estados Unidos y trasladado fuera de su país tras una operación militar sin precedentes.
Según confirmó el propio presidente Donald Trump, el líder chavista y su esposa fueron sacados de Venezuela en un operativo de colaboración entre fuerzas militares estadounidenses y agentes del Departamento de Justicia y ahora se dirigen a enfrentar cargos en Nueva York tras haber sido acusados de narcotráfico y otros delitos federales.
Durante más de una década, Maduro se aferró al poder en medio de colapsos económicos, migraciones masivas y denuncias de represión. Estados Unidos, que desde hace años lo calificaba como líder de una red criminal vinculada al llamado Cartel de los Soles, había aumentado gradualmente la presión —incluyendo una recompensa que llegó a 50 millones de dólares por su captura— y acusaciones de narcoterrorismo.
La operación de este sábado fue extraordinaria: bombardeos en Caracas y otras regiones, que Estados Unidos describió como parte de un ataque “a gran escala”, culminaron con la captura de Maduro en su residencia dentro de la principal guarnición militar. Su gobierno denunció inmediatamente “agresión militar” e intentó mantener un discurso de soberanía frente a lo que calificó de intervención.
¿Qué cargos enfrentará?
Maduro y su esposa, Cilia Flores, están acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York por varios cargos federales:
- Conspiración para el narcoterrorismo
- Conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos
- Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos
- Conspiración para poseer armas destructivas
Estas imputaciones, que Washington había presentado ya desde 2020, formalizan la narrativa estadounidense de que el régimen venezolano operaba como una red criminal transnacional.
¿Cómo será el juicio?
Tras su traslado a los Estados Unidos, Maduro será procesado bajo el sistema judicial federal estadounidense, en un tribunal de Manhattan que históricamente ha manejado casos de alto perfil relacionados con narcotráfico internacional. El proceso —en principio público— implicará la presentación de pruebas, testimonios y la posibilidad de que el exmandatario intente impugnar la legalidad de su captura y traslado.
Este juicio será un choque frontal entre dos visiones de mundo: la justicia penal estadounidense y la narrativa de defensa de soberanía venezolana, que probablemente sostendrá que Maduro fue víctima de una captura ilegal. El derecho internacional y los tratados sobre inmunidad de jefes de Estado serán temas de un debate jurídico que podría llegar incluso a instancias internacionales si defensores de Maduro lo solicitan.
Reacciones Globales
El operativo desató un terremoto diplomático. Gobiernos de América Latina, Europa, Asia y organizaciones internacionales han reaccionado con mezcla de condenas y respaldo: desde críticas contundentes sobre violaciones a la soberanía, hasta apoyos reservados a la idea de justicia por narcotráfico.
México y Brasil hablaron de amenaza a la estabilidad regional, mientras que otros actores señalaron que, aunque Maduro carecía de legitimidad democrática, la intervención militar fue un riesgo para el orden internacional.
El contexto va más allá de las salas de tribunal. Estados Unidos ha dejado claro, incluso tras el operativo, que planea una presencia fuerte en el sector petrolero venezolano, un movimiento que muchos analistas comparan con intervenciones históricas del pasado.
Esto dibuja un escenario en el que el destino de Maduro no solo será una cuestión legal, sino también un nodo político dentro de una reconfiguración hemisférica que incluirá:
Revisión del control sobre recursos energéticos.
Redefinición de alianzas con potencias como China y Rusia.
Un nuevo liderazgo en Venezuela con la oposición, representada por figuras como María Corina Machado, celebrando el fin de una era.
Un juicio más allá de la justicia
El proceso judicial contra Maduro será, inevitablemente, político. No solo enfrentará las acusaciones penales, sino también el peso simbólico de un régimen que marcó profundamente a una nación y a millones de venezolanos en el exilio.
En Nueva York, en una corte federal, la persecución criminal y la narrativa de violaciones a derechos humanos chocarán con los principios de soberanía y no intervención. Ese choque, en muchos sentidos, define lo que le espera a Maduro: un juicio legal, pero también un juicio histórico.
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