El fundador de Rappi, Simón Borrero, quien siempre había mantenido bajo perfil salió a hacer ronda de medios para defender un modelo de negocio que en Colombia genera 130 mil empleos y que le sirvió de punta de lanza para su expansión en 9 países.
Arrancó hace ocho años en cinco barrios de Bogotá y desde entonces empezó a volar. Su capital inicial fue de $ 1.800 millones y hoy vale $ 5.200 millones, producto de permanente inversión de capital proveniente de fuentes internacionales.
Los señores de Rappi iniciaron un negocio con un capital de $1.800 millones en 5 barrios de Bogota.
Hoy vale 5.200 millones de dólares, esta en 9 países y paga publicidad hasta en la fórmula 1.
Ese cuento que es una empresa que genera pérdidas es cuento.
Siguen invirtiendo,… pic.twitter.com/KhFJNvTXJN— Alejandro Ocampo (@alejoocampog) March 28, 2023
En sus alertas a la reforma laboral, Borrero ha menospreciado este gran éxito argumentando que incluso en Colombia la operación da pérdida. Pero el gobierno tiene otra lectura de su realidad económica, de cara a los derechos de los trabajadores que prestan sus servicios.
Plantea que precisamente el éxito del modelo está basado en la informalidad de los llamados “rappitenderos”, quienes obtienen sus ingresos cuando se conectan a la aplicación para atender a un cliente o usuario que requiere un domicilio, sin ningún tipo de protección laboral ni de los riesgos que pueden correr en su trabajo diario expuesto a sol y agua.
La discusión frente a Rappi ha dado pie para que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, insista en que el proyecto de reforma no es un pliego sindical, sino que responde a las recomendaciones de la OIT y la Corte Constitucional sobre derechos de los trabajadores. Y dice no entender cómo una empresa con un capital de USD 1.000 millones no puede darles garantías a los trabajadores.
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