Empresarios, académicos, personalidades públicas y culturales, y representantes de medios que participaron en el foro Instituciones públicas para Colombia en el siglo 21, organizado hace unos días por la Corporación Consorcio Ciudadano, revisaron los puntos de vista de expertos sobre las instituciones públicas del país frente a los retos del siglo. Tres profesionales de altísimo nivel tenían a cargo temas diferentes.
Hernando Yepes Arcila, constitucionalista y exconstituyente, abordó la Constitución de 1991 frente a las necesidades del país. El profesor Yepes declaró que hay crisis constitucional en Colombia, y reclamó la participación de los empresarios del país en la discusión de lo público, como miembros importantes de la sociedad civil. Calificó a la Corte Constitucional como cómplice del ejecutivo en lo relacionado con el proceso de fast track para las tareas derivadas de los Acuerdos de La Habana, y precisó que los desbordamientos de la Corte son frecuentes y perjudiciales para el orden constitucional, con riesgo para el derecho frente a impulsos populistas de mayorías políticas en determinado momento. Puso de presente los peligros de Asambleas Constituyentes, que “invocan la nada jurídica y se instalan en ella”. Destacó lo inadecuado de la carta en lo relacionado con régimen de partidos y régimen electoral, que produce partidos sin capacidad para reunir ciudadanos con propósitos, y propuso repensar nuestra democracia. Rechazó los conflictos jurisdiccionales y de competencia de las altas cortes, y la politización de la rama judicial por los procesos de nombramiento. Explicó que los defectos del Congreso son similares a los de 1991 pero en mayor grado.
Por su parte, Gustavo Zafra Roldán, también constitucionalista y exconstituyente, docente de la Universidad Javeriana de Bogotá, quien tenía a cargo Los Caminos Constitucionales para Reformas Estructurales analizó de manera muy breve los caminos disponibles para cambiar la Constitución: la modificación por el Congreso, que se ha hecho con frecuencia pero con impacto limitado, el referendo, y la Asamblea Constituyente, sobre la cual recordó que requiere 12 millones de votos para ser convocada. Recordó que los problemas de institucionalidad pública inadecuada ocurren en todo el mundo, por el desfase entre lo público y lo privado, y explicó que, a su juicio, la prioridad corresponde a la racionalización del gasto público con mayor eficiencia, de manera que se pueda atender las necesidades urgentes de hoy, abordadas por la Comisión de Expertos convocada por el Gobierno, en temas como salud, educación, pensiones y seguridad. Sostuvo que combatir la corrupción no es simple tarea de normas, pues exige cambio cultural profundo. Para terminar, defendió mayor descentralización pero con asignación correlativa de recursos.
El profesor Pedro Medellín, de la Universidad del Valle, presentó las realidades de la política frente a transformaciones necesarias, apoyado en análisis empíricos de la política nacional con fundamento en información de la Fiscalía y la Consejería de Paz. Planteó que los resultados electorales reflejan un ámbito fragmentado, en el cual los distintos partidos tienen capacidad para obstruir, pero no suficiente para construir, en tanto que los ciudadanos reclaman derechos pero no reconocen deberes, en una sociedad orientada al beneficio individual, lo cual es obstáculo a la construcción de confianza; como consecuencia, los intereses privados se sitúan por encima de los públicos con consecuencias trágicas en ambiente inapropiado, con expectativas y sin autoridad. Mostró mapas donde se evidencia coincidencia de zonas violentas, circunscripciones transitorias especiales de paz y actividades de cultivo y narcotráfico, en las cuales convergen carteles, disidencias de las Farc, el Eln y grupos violentos sin pretensión de institucionalización. Explicó que el papel de los carteles mexicanos en el narcotráfico en Colombia es determinante desde hace años, planteó la posibilidad de una venta de negocio por las Farc a terceros, y respaldó la posibilidad de aumento del consumo nacional de coca, dado que el pago a colaboradores se hace con pasta de coca. Pronosticó que las Farc participarán en la próxima elección de alcaldes, gobernadores, concejos y asambleas en las zonas señaladas, y aseveró que el régimen presidencial en Colombia está fracturado, con pérdida de control de la soberanía territorial, gasto público sin racionalidad, y justicia en discusión, lo cual llama a revisar la institucionalidad política, con revisión de los medios para el ejercicio del poder coercitivo y con estrategias para controlar el narcotráfico.
Los expositores de Consorcio Ciudadano, Antonio de Roux, exvicerrector Académico de la Universidad Javeriana de Cali, y Julián Garcés, abogado y actual presidente de la entidad, explicaron los móviles del evento. Gustavo Moreno Montalvo, exdirector de Crédito Público y consultor independiente, puso de presente la inconsistencia entre los propósitos de la Constitución y los procesos y estructura establecidos en ella, que contradicen los objetivos mismos, aspectos relevantes para cualquier revisión. Guillermo Alfonso Herrera, ejecutivo internacional colombiano en el área de salud, CEO de Altan Pharma y anterior presidente de Abbott Internacional, compartió información sobre la percepción externa de Colombia, en la cual es prioritario el narcotráfico; explicó incluso que puede cortarse la ayuda americana por la ineficacia en la lucha contra el narcotráfico, y recordó el retroceso de la Unión Europea frente al proceso de paz por la ausencia de Estado en la periferia. Puso de presente que Colombia no pone en marcha con eficacia sus acuerdos internacionales una vez los suscribe, y que Colombia está en el puesto 66 en el ordenamiento mundial entre 140 países por el World Economic Forum, como consecuencia de que está en el puesto 117 en institucionalidad, y más atrás del puesto 80 en infraestructura y educación.
Los asistentes invitaron a Consorcio Ciudadano a continuar con el estudio abierto de estos temas y extender la tarea al ámbito nacional.
