El equipo de trabajo del ministro de Justicia, José Iván Cancino, ha pasado noches en vela examinando las posibilidades de hacer valer un viejo tratado de 1888 para que Colombia pueda traer extraditado de Canadá al exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema, condenado a diez años y un día de prisión.
Ese instrumento data de la colonia, cuando Canadá dependía de Gran Bretaña y la corona daba las primeras puntadas de la que un siglo después se convertiría en una estrategia de lucha contra delitos transnacionales.
Sin embargo, con base en recientes antecedentes de reciprocidad en el campo de la cooperación judicial el Gobierno colombiano inició formalmente las gestiones diplomáticas y jurídicas para solicitar a Canadá la extradición de uno de los protagonistas del entramado del Cartel de la Toga, una de las más grandes afrentas sufridas por la justicia colombiana.
La confirmación la hizo el ministro de Justicia, Iván Cancino González, quien señaló que las entidades competentes ya adelantan las actuaciones necesarias para cumplir con la solicitud expresa de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo: que el exfuncionario regrese a territorio colombiano a cumplir su condena.
El caso volvió al centro de la agenda nacional el pasado 16 de octubre de 2026, cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema confirmó en segunda instancia la condena contra Bustos.
En decisión del 16 de octubre, la Corte dejó en firme la pena impuesta en febrero de 2026: 123 meses y un día de prisión, es decir, 10 años, 3 meses y 1 día. La sentencia también incluye una multa de $133.738.170 y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo término de la condena.
Bustos Martínez fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio. Fue absuelto del delito de tráfico de influencias de servidor público. Para el alto tribunal, participó en una red que ofrecía intervenir ilegalmente en procesos judiciales contra congresistas investigados por parapolítica a cambio de pagos millonarios. La investigación estableció, entre otros vicios de corrupción, intervenciones para favorecer a los exsenadores Álvaro Ashton y Musa Besaile.
La Corte encontró que no se trató de conocer a otros implicados, sino de concertarse conscientemente para afectar la administración de justicia. Las declaraciones del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno fueron clave para esclarecer el funcionamiento de la estructura que estalló públicamente en 2017.
La solicitud quedó formalizada mediante el oficio 7975 del 21 de octubre de 2026, firmado por el magistrado Gerson Chaverra Castro y remitido al Ministerio de Justicia.
En el documento la Sala Penal reitera la necesidad de iniciar las actuaciones diplomáticas para que las autoridades canadienses colaboren en la ubicación, captura y entrega. Textualmente señala: “Por lo tanto -escribió su presidente- le solicito pedir a la autoridad competente del Gobierno de Canadá adelantar todas las gestiones necesarias para capturar al ciudadano colombiano requerido, con miras a materializar la extradición que se solicita”.
Según el expediente, Bustos estaría residiendo en territorio canadiense, en la zona de Ontario u Ottawa, acompañado de algunos familiares. Reside fuera del país desde 2019. En su contra existe orden de captura vigente y se solicitó la expedición de circular roja de Interpol para facilitar su localización internacional. La Corte recordó que la pena no ha prescrito.
El presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis, confirmó este lunes 26 de octubre de 2026, durante la Cumbre Internacional de la Justicia, que la Sala Penal ha insistido al Gobierno nacional para que, a través de la Cancillería y la Embajada de Colombia en Canadá, se activen los mecanismos de cooperación.
Lenis reconoció la dificultad central que consiste en que Colombia y Canadá no cuentan con un tratado bilateral de extradición vigente.
Sin embargo, explicó que la ausencia de tratado no impide una petición formal. La Corte sustenta la solicitud en dos vías jurídicas.
La primera es el principio de reciprocidad. Lenis explicó que Colombia sí ha concedido extradiciones solicitadas por Canadá en el pasado, por lo que se podría esperar un comportamiento recíproco. “Pudiéramos esperar que el gobierno canadiense respondiera igual con esta solicitud que haría el gobierno colombiano”, afirmó. La segunda es una vía histórica. El Tratado de Extradición suscrito entre Colombia y el Reino Unido el 27 de octubre de 1888, cuya aplicación bilateral entre Colombia y Canadá quedó establecida mediante un intercambio de notas realizado en 1934, cuando Canadá aún era dominio británico. Ese instrumento es el que invocó la Sala Penal en el oficio 7975.
Qué falta
Por ahora, la solicitud está en fase de gestiones diplomáticas. La Cancillería debe verificar el paradero, formalizar la petición con los soportes de la condena y activar la cooperación judicial. La extradición no es automática y dependerá de la legislación canadiense, del análisis de la solicitud por parte de las autoridades judiciales de ese país y de que se cumplan los requisitos de doble incriminación y garantías procesales. Si se logra, sería el cierre judicial de uno de los mayores escándalos de corrupción judicial en la historia del país. El Cartel de la Toga no solo afectó expedientes, sino que hizo mella en la confianza ciudadana en la independencia de la justicia. La toga, como dijo la Corte en su fallo, representa autoridad, pero esa autoridad tiene como límites la Constitución y la ley.
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