Cuando, a instancias del presidente Iván Duque, el Congreso de la República aprobó el capítulo sobre Electricaribe en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, hubo voces discordantes dentro y fuera del parlamento que consideraron que dicho articulado atentaba contra el patrimonio público. El PND obligó a la nación a asumir el pasivo pensional de una empresa privada española, Gas Natural Fenosa-Naturgy, que había actuado de manera inicua contra toda una región durante más de cinco lustros y a asumirlo sin contraprestación efectiva por una suma superior a los $1.2 billones de pesos. El PND descargaba además una sobretasa en las tarifas de los colombianos de cuatro pesos el kilovatio hora y de uno por ciento adicional de los gastos de funcionamiento de todas las empresas de servicios públicos, cargado a los usuarios para solventar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El PND le impuso a la Costa un régimen especial tarifario porque, como lo dice su exposición de motivos, “las tasas deben subir para que esta región también se ayude” (página 621). Y todo lo anterior para no hablar que segmenta la empresa para volver a privatizarla por partes, mientras que en el interior del país EPM y EEBogotá están integradas verticalmente, una ventaja que se le niega a la Región Caribe.
Hace pocos días se conoció por los medios que el Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, había demandado ante la Corte Constitucional tres artículos del PND sobre Electricaribe: el artículo 313, “Sobretasa por kilovatio hora consumido para fortalecer al Fondo Empresarial en el Territorio Nacional”, ya que según la demanda “El cargo adicional es un impuesto y no una sobretasa (…) crea una renta nacional de destinación específica que no ingresará al presupuesto general de la nación (…) viola la prohibición establecida en el artículo 359 de la Constitución Política y desconoce los principios de unidad y universalidad presupuestal señalados en los artículos 346 y 347 Ibídem”.
También demandó el artículo 315 del PND, “Sostenibilidad del servicio público mediante la asunción de pasivos, autorizando a la Nación a asumir directa o indirectamente el pasivo pensional y prestacional de Electricaribe y el pasivo de la empresa asociado al Fondo Empresarial de la Superservicios” y el artículo 316, “Términos y condiciones de las medidas de sostenibilidad por la asunción de dichos pasivos”. “Estos artículos contravienen la prohibición contenida en el artículo 355 constitucional, puesto que establecen la transferencia de recursos estatales en favor de una empresa de carácter privado, transgrediendo las reglas que ha desarrollado la Corte Constitucional para la constitucionalidad de la entrega de tales recursos en favor de particulares”. Termina el Defensor del Pueblo solicitando a la Corte Constitucional “que se declaren inexequibles los artículos 313, 315 y 316 por ser violatorios de la Constitución Política de 1991”.
Por esta acción valerosa se le vino el mundo encima al doctor Carlos Negret, estigmatizado por el gobierno nacional, por la llamada bancada costeña del Congreso, la misma que apoyó sin sonrojarse los tres tarifazos del PND contra la población, por la Financiera de Desarrollo Nacional, controlada por la banca internacional, y por el ministro Carrasquilla, el del escándalo de los bonos de agua. Los que sí tuvieron una posición de defensa de la Región Caribe y votaron negativamente estas normas fueron las bancadas alternativas encabezadas por el Polo Democrático Alternativo, quienes en la audiencia pública celebrada el 1° de diciembre de 2018 en Barranquilla sobre Electricaribe dejaron en claro que la única solución posible para un servicio eléctrico de calidad a precios módicos es con una empresa regional de carácter público, sin dividirla, financiando con recursos de las regalías mineras las inversiones en infraestructura para no afectar las tarifas.
El llamado es a que las fuerzas vivas de la Costa, estudiando la demanda con criterios objetivos, rodeen al Defensor del Pueblo que se ha atrevido a poner el dedo en la llaga. Para salir del atolladero en que nos metieron la nefasta política de privatización y la española Naturgy es necesario replantear a fondo la política de servicios públicos.
