Hay quienes creen que un futuro es posible por pura inercia, que el futuro está ahí, aguardando. A mi entender, el futuro se construye: dependerá de lo que hagamos en el presente.
El concepto de deber de memoria nace en referencia a la experiencia del Holocausto, a los campos de extermino, al intento de la desaparición sistemática de una población; siguiendo el hilo sociológico de M. Hablwachs. Fue allí cuando la humanidad hizo algo que se encontraba fuera de lo pensable, algo que fue realizado sin que hubiera sido considerado como un elemento posible de lo real.
El "conocimiento" sobre lo que ocurre se erige de manera selectiva, perdiendo siempre parte de la realidad, nunca es completo. Es por eso que la memoria se vuelve fundamental: no nos es suficiente conocer para evitar un crimen tan monstruoso, es necesario un ejercicio, una epistemología de la memoria. Para ejercer este deber de memoria es necesario re-pensar la cultura, la política, la sociedad presente; es necesario partir de lo que ha sucedido, sin por ello suponer una inspección o mirada clínica del pasado, sino como un sustento para re-pensar el presente.
¿Cómo garantizar la no repetición? ¿Cómo lograr la reparación de las víctimas? ¿Cómo construir una narración moral del pasado?
Bebés robados, una de las deudas pendientes
En este camino, el reconocimiento de las víctimas tiene un lugar central: no solo dando respuesta a todo aquello potencialmente reparable, a través de la orientación jurídica, acceso a la información, asistencia psicológica, soporte económico; sino también haciendo memoria de lo irreparable que se ha sufrido.
Los casos de bebés robados durante la dictadura franquista constituyen una aberración: el robo y rapto de miles de niños y niñas recién nacidos o en edades menores que fueron arrebatados a sus familias, sustraídos de su identidad y entregados ilegalmente en adopción, cuando no directamente vendidos, implica una de las violaciones más graves a los derechos humanos.
El reporte publicado el pasado mes de noviembre a cargo del Grupo de Peticiones del Parlamento Europeo, vuelve a tratar sobre el caso español [1]. En el mismo se reúnen 31 recomendaciones para accionar sobre los casos de bebés robados, entre las que se encuentran el establecimiento de canales de comunicación entre el Estado y las víctimas, el inicio de campañas de información, la creación de un banco de ADN público y gratuito. En enero de 2018, el mismo Grupo de Peticiones ha publicado un reporte y recomendaciones en donde se insiste a España seguir las sugerencias ya emitidas. A pesar de la perseverancia en la lucha por parte de las víctimas y sus familiares, de las organizaciones de la sociedad civil y de los avances de diversas comunidades autonómicas, aun carecemos de una respuesta del nivel nacional.
Otras experiencias, sin embargo, han sido más fructíferas en su búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Entre ellas, el caso argentino, con el protagonismo central de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, quienes han logrado reestablecer la identidad de 127 personas. Si bien ha sido desde el comienzo la sociedad civil (las propias madres y abuelas de aquellas personas que siguen siendo buscadas) la que ha impulsado estas búsquedas, el establecimiento de una política pública para impulsar la memoria histórica ha sido un camino fundamental para poder traer la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. Lamentablemente, el actual gobierno de Propuesta Republicana (PRO), liderado por Mauricio Macri, presenta un apoyo menor y oportunista a las políticas estatales en esta dirección.
Humanizar a las víctimas
Ligia Ceballos Franco nació en Madrid, pero vivió toda su vida en México. Luego de enterarse de su adopción, facilitada a través de un contacto entre arzobispados de ambas naciones, contó con indicios que indicaban que es víctima de los llamados "bebés robados" en España. Luego de una investigación propia, da con su primer nombre Diana Ortiz, que fue reconocido en un acta de nacimiento. Ante la falta de investigación en España, y con el apoyo recibido a través de la sección mexicana de Transparencia Internacional, la Procuraduría General de México inició en 2015 una investigación sobre el caso.
Mario Daniel Navarro nació en la cárcel de Villa Urquiza, Buenos Aires, Argentina, en 1976, donde fue sustraído del vientre de su madre, quien había sido trasladada allí en un secuestro desde la provincia de Tucumán. Fue entregado a otra familia en la provincia de Santa Fe, a la que fue presentado como un niño abandonado. Luego de la búsqueda iniciada por su madre y la consulta realizada por Mario al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el 19 de noviembre de 2015, se restituyó su identidad, permitiendo el reencuentro con su madre, luego de 38 años.
Los bebés que fueron robados están hoy caminando por la calle, quizá leyendo estas líneas, tanto como sus familiares, sus amistades que continúan buscándolos. No hablamos aquí de una víctima romantizada, genérica, abstracta, hablamos de individuos que viven en el presente la injustica de desconocer la verdad de su historia, la falta de justicia con sus agresores, y muchas veces la indiferencia de la sociedad en general.
Memoria: nuestra obligación y nuestro derecho
La falta de memoria se presenta muchas veces como un mal asintomático. Es difícil advertir cómo puede condicionar nuestro desarrollo futuro. Sin embargo, ¿es posible un futuro mejor si no hacemos justicia por nuestras víctimas? ¿Es posible un futuro mejor sin el restablecimiento de la identidad de nuestros niños y niñas robados?
En conmemoración del día internacional del derecho a la verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas, es nuestra obligación y nuestro derecho hacer memoria y repensar el presente, escarbar en él para en la lucha poder garantizar la verdad y la justicia, la reparación de nuestras víctimas y evitar a la luz de nuestro pasado la repetición de los crímenes cometidos.
[1] Para más información: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/134363/1128704EN.pdf
