El Cementerio San Miguel fue epicentro hoy de un episodio jamás visto en ese camposanto del centro histórico de Santa Marta: El padre Hernando Fajid Álvarez Yacub volvió a desafiar lo que parecía un mandato claro: no oficiar más misas. Pero allí estaba frente a un féretro, elevando la hostia y las oraciones por un difunto, cuando el ruido de voces oficiales irrumpió en en la necrópolis.
La Fiscalía General de la Nación, acompañada de un juez penal municipal y agentes del CTI, ingresó al lugar en plena ceremonia. No fue una visita protocolaria. Era una inspección judicial ordenada en el marco del proceso penal que se le adelanta al sacerdote por delitos como administración desleal, falsedad en documento privado y ocultamiento de documentos.
El objetivo fue verificar el estado del cementerio, recolectar evidencias y, sobre todo, constatar que Fajid sigue aferrado a las llaves y a la administración de un predio que la Diócesis de Santa Marta le retiró hace tiempo. El episodio no fue un hecho aislado. Es el último capítulo —o quizás solo uno más— de una saga que lleva años sacudiendo la ciudad.
Desde 2024, cuando la Diócesis suspendió al sacerdote en lo eclesiástico y le prohibió ejercer ministerio, Fajid se convirtió en el “cura rebelde” de Santa Marta. No acató. Siguió celebrando eucaristías, administrando nichos, cobrando por servicios funerarios y recibiendo el respaldo de una parte importante de los feligreses que ven en él a un pastor cercano, casi patrimonial.
La metáfora popular no se hizo esperar: “El padre Fajid no quiere soltar la ubre”. La ubre, en este caso, es el Cementerio San Miguel, un predio con valor económico y simbólico que genera ingresos por sepulturas, mantenimiento, osarios y exhumaciones. Para muchos samarios, el camposanto no solo es un lugar de descanso eterno; es también un negocio que, durante casi dos décadas, ha estado bajo la administración directa del sacerdote.
La Diócesis asegura que ese control ya no le corresponde. La justicia, por ahora, no ha logrado quitárselo del todo. En julio de 2025, un juez le imputó cargos formales. La Fiscalía argumenta que Fajid habría manejado irregularmente los recursos del cementerio, ocultado documentos contables y falsificado registros. Sin embargo, ninguna medida cautelar le ha impedido seguir allí.
Y ni siquiera la suspensión eclesiástica ni las imputaciones penales han logrado que entregue las llaves. Mientras tanto, la comunidad observa perpleja: en Santa Marta, donde hasta los cerros tienen dueños disputados, ahora también los cementerios parecen tener propietarios privados con sotana.
Durante la inspección, testigos narraron un ambiente tenso. Algunos familiares del difunto en cuya memoria se oficiaba la misa interrumpida se molestaron por la irrupción de las autoridades. Otros, en cambio, aplaudieron en silencio la llegada de la justicia.
El padre Fajid, según versiones periodísticas, mantuvo la calma y siguió con el rito hasta donde pudo. Luego, el camposanto quedó bajo lupa técnica: peritos revisarán cuentas, infraestructura y posibles anomalías en la explotación económica del lugar.
En 15 días, o en el tiempo que determine el juez, podría decidirse si se le prohíbe definitivamente el ingreso o si se ordena alguna medida más drástica. Mientras tanto, en las calles de Santa Marta, el comentario es el mismo: aquí hasta los muertos pagan renta, y el que cobra la cuota no parece dispuesto a soltarla.
El Cementerio San Miguel, con sus nichos apilados y sus cruces al viento, sigue siendo mucho más que un camposanto. Es un símbolo de poder, fe y resistencia. Y mientras el padre Fajid no suelte la ubre, el litigio —penal, eclesiástico y vecinal— no parece tener fecha de entierro.
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