Una iniciativa como el Programa de Alimentación Escolar --PAE-- del Ministerio de Educación merece todos los aplausos, sin duda alguna. Pero el abandono estatal y la corrupción que lo rodea merece todos los reproches.
Los más de miles de millones de pesos que giran alrededor del Programa de Alimentación Escolar son presa fácil para los depredadores de los recursos públicos.
Si bien los responsables de la selección, contratación e implementación de este programa son las 95 entidades territoriales certificadas en educación, la ministra Gina Parody no debe desplegar toda la responsabilidad en las entidades territoriales. Es evidente que el programa va en camino al colapso y necesita una reforma frente a su operación.
La descentralización total convierte al programa PAE en blanco fácil para los corruptos. El Ministerio de Educación Nacional tiene la responsabilidad de supervisar y controlar el Programa de Alimentación Escolar desde el ámbito administrativo, técnico, financiero y jurídico. Sin embargo, en el PAE sobresale la falta de control que hay sobre los recursos que el Ministerio destina a las secretarías y el precario monitoreo sobre su inversión.
En 2014, el Gobierno giró un total de 1.175.579 millones de pesos para el programa PAE. En el 2015 el presupuesto fue de 821.139 millones de pesos. Este año las gobernaciones y alcaldías ya han recibido 574.000 millones de los 674.000 millones que el Gobierno destinó para el programa de alimentación en 2016. Miles de contratos se están ejecutando y el carrusel del PAE sigue su curso.
El año pasado, un informe de la Defensoría del Pueblo denunció “casos de corrupción graves” en 13 municipios de Atlántico, Chocó y La Guajira. Hoy se siguen presentando casos de corrupción y todavía se encuentran en el imaginario colectivo de los colombianos las estremecedoras imágenes del colegio Sagrado Corazón de Jesús en Aguachica, Cesar, donde los niños, organizados en una fila india, posan para la cámara y pasan de mano en mano el único plato de comida que se ve en la imagen. Minutos después se ve cómo se le entregan a cada uno una pequeña porción de comida en la palma de la mano.
Imágenes que muestran lo cruel e inhumano que puede ser el carrusel del PAE; y que dejan en evidencia que los operadores del programa olvidaron que la alimentación es un derecho humano fundamental y que es un pilar indispensable para la educación con calidad.
Hoy se inicia el primer proceso fiscal por irregularidades con alimentos, la Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el exalcalde de Uribía, Guajira, por presuntos sobrecostos y pagos indebidos de costos operativos en la ejecución de los contratos en dicho Municipio.
Ojalá el proceso fiscal contra el ex alcalde de Uribía, Guajira, sea el primero de muchas investigaciones fiscales que castiguen a los funcionarios corruptos del carrusel del PAE, que se atragantan con nuestros recursos, mientras nuestros niños adolecen de hambre. Y esperamos que en buena medida se replantee la forma en que se ejecuta esta política de gobierno, si es acaso necesario la implementación de un órgano de control, o se requiere la intervención directa del Ministerio.
@natiibedoya
