La riqueza y el desarrollo de una nación tiene diferentes formas de medirse y al mismo tiempo de caminos para generarlos.
El primer concepto es el capital natural para referirse a sus recursos naturales y las condiciones que por naturaleza corresponden. Casos de ejemplos de países favorecidos son Arabia Saudita con sus fortunas petroleras o los Estados Unidos con la maravilla de territorio que le dio la naturaleza.
Un paso más adelante es cuando la riqueza natural es apoyada por el capital físico, entendiéndose por ello las obras de infraestructura (v.gr. carreteras, acueductos, aeropuertos, etc.) y la dotación en equipos para la producción (maquinaria o incluso equipamiento electrodoméstico).
Como todo esto tiene una equivalencia en dinero, se considera que todo se expresa en capital monetario, y que no solo la medición de la riqueza sino la capacidad de generarla se mide en términos que se podrían denominar patrimoniales.
Un nuevo paso -claramente considerado como un avance- es que la riqueza de una nación está en lo que se llama el capital humano. Como la calidad de las personas es difícil de evaluar, esto tiende a resumirse en los niveles de educación y de formación de su población.
Un desarrollo de esto es lo que se comienza a conocer como el capital en conocimiento, es decir el potencial en ciencia y tecnología, la capacidad de descubrir nuevos modos de crear riqueza, entendiendo que en ello está la fuente original de cualquier forma de aumentar el patrimonio colectivo.
Un nuevo paso -claramente considerado como un avance- es que la riqueza de una nación está en lo que se llama el capital humano. Como la calidad de las personas es difícil de evaluar, esto tiende a resumirse en los niveles de educación y de formación de su población.
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Una escuela considera que la riqueza o nivel de desarrollo de una sociedad o de una Nación debe medirse y depende de lo que se llama el Capital Social, definido como el nivel de fluidez y confianza de las relaciones entre sus miembros
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Existe sin embargo una escuela que considera que la riqueza o nivel de desarrollo de una sociedad o de una Nación debe medirse y depende de lo que se llama el Capital Social. (El Nobel Douglas North y Word Value Survey desarrollaron el tema y en Colombia lo trató en un gran trabajo María Mercedes Cuellar[i])
Se podría definir como el nivel de fluidez y confianza que caracterizan las relaciones entre sus miembros. Ilustrándolo con ejemplos sería la validez de los contratos y obligaciones entre los particulares: si bastara con la palabra empeñada entre las partes para que se cumplan los compromisos que recíprocamente se adquieren, no se necesitarían los documentos (ni se diga lo que estos requieran, huellas digitales, etc.), ni notarios, ni abogados, ni en general se dispersarían tantas energías que se desvían hacia ello. O si los ciudadanos pudieran confiar en el cumplimiento de las obligaciones del Estado, no solo colaborarían en el pago de los impuestos sino disminuirían los gastos oficiales para el recaudo. O, qué decir lo que sería la eficiencia en la resolución de conflictos de intereses opuestos si estos se tramitaran mediante simples arbitrajes sin tener que acudir a la maraña de leyes y procesos que se requieren para llegar a un pronunciamiento que los desate. Como sería de fácil buscar eliminar la pobreza y las desigualdades si en vez de estimular la competencia se acudiera a la solidaridad.
Lo lamentable es que si en efecto el Capital Social es la mejor medición de la riqueza y el mejor camino para el progreso la situación colombiana no puede ser más triste. Como medida de subdesarrollo y de pobreza contrasta con quienes piensan y aseguran que nuestro ingreso a la OCDE es prueba de nuestra condición de progreso.
La inseguridad no es tanto la física o la de los negocios que hoy copa los titulares y que multiplica el recelo entre los ciudadanos y disminuye la tranquilidad y la armonía en las relaciones entre ellos. Ésta solo expresa una realidad que coincide con la falta de confianza en la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones. Somos un país donde la Administración de Justicia es tan inoperante que la gente siente que debe acudir a sus propios medios para logra lo que cada uno entiende como lo Justo. Donde el 30 % del Congreso está en la cárcel o enjuiciado. Donde los funcionarios del ejecutivo son acusados tanto con razón como sin razón, simplemente como arma en las luchas políticas (o ya personales). Donde para acabar la corrupción no se puede apelar a la ética de los individuos o a la sanción social, y solo se depende de los mecanismos de control (todas las ‘ías’), los cuales se vuelven más ineficientes (y ofrecen nuevas posibilidades de más corrupción) a medida que crecen . En fin….
[i] Colombia: un proyecto inconcluso, Universidad Externado de Colombia, 2000
