Las noticias en salud en nuestro país suelen ser escasas y de impacto limitado a grupos concretos que se benefician de pequeños triunfos ocasionales y a menudos transitorios; es frecuente ver cómo las redes sociales presionan la atención de un paciente con cáncer o que un grupo de profesionales logra que les paguen sus quincenas atrasadas. Quizás por este motivo, dos noticias de impacto nacional han tenido escasa divulgación y sobre todo reducida comprensión por el público a pesar de lo que significan para nuestro futuro sanitario. Veamos de qué se trata.
Hasta el año 2018 comprar un medicamento antihipertensivo de calidad y sobre todo original era más barato en los Campos Elíseos en París o en el barrio Las condes en Santiago de Chile. Producía un enorme desasosiego, en viajes al exterior, comprobar una y otra vez que quienes por dejar olvidadas sus pastillas en un hotel, habían realizado el experimento de buscar sus recetas en farmacias locales, con escasísimas excepciones, se encontraban con que era más barato comprarlos en cualquier país, incluso desarrollado, para no mencionar el caso extremo de la Venezuela premadurista, en donde el valor de un mes en Colombia daba para comprar la ración de un año del mismo medicamento original.
El 31 de diciembre de 2018 entró en vigor la circular 7 de la comisión nacional de medicamentos y dispositivos médicos que regula o actualiza los precios de más de 900 medicamentos en Colombia; además de otros muy importantes en psiquiatría, anticoncepción o manejo del cáncer, destaco el caso de los antihipertensivos por su previa situación aberrante. Solo por mencionar algunos de los más formulados con sus nombres comerciales originales fueron regulados: Atacand de Janseen, Aprovel y Betaloc Zoc de Aztra Zeneca, Olmetec de Pfizer, Concord de Merk, Dilatrend de Roche y todas las presentaciones genéricas o comerciales adicionales de estos principios activos. La fórmula de cálculo del precio, que depende de los precios internacionales, logró rebajas entre el 50 y el 90% del precio original, solo para entender el sobreprecio que pagábamos, en un proceso de control que comenzó hace unos 6 años, durante el ministerio de Alejandro Gaviria, quien merece el crédito correspondiente.
La segunda noticia no es menos importante. El 26 de diciembre entró en vigor la resolución 5857 del Ministerio de Salud que actualizó el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la unidad de pago por capitación (UPC), también llamado POS, que incluyó por fin los dos grupos de medicamentos para tratamiento médico del crecimiento de próstata llamados alfa bloqueadores (Tamsulosina, Aluzosina, Doxazosina) y bloqueadores de la 5 alfa reductasa (Finasteride y Dutasteride), dentro de la ansiada lista del POS, es decir, los que el médico de su EPS puede autorizar directamente. Yo soy urólogo hace 25 años y con mis colegas, jamás pudimos comprender por qué en Colombia el tratamiento médico de una entidad tan frecuente como la hiperplasia benigna de próstata estaba dramáticamente excluida del grupo de medicamentos financiados por el POS; en tantos años las hipótesis siempre fueron variadas y a menudo delirantes y las consecuencias funestas: poca adherencia de los pacientes, obligatoriedad de realizar peticiones extraordinarias al sistema de salud y colegas formulando Prazosina, un medicamento familiar lejano de los indicados, pero que por estar incluido en el plan de beneficios se convertía en una opción facilista y desaconsejable.
Si queremos un mejor sistema de salud estos hechos cuentan más que diez mil tweets sobre un tema de salud. Señor ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, felicitaciones, este sí es el camino.
