"Los que hacen imposibles los cambios pacíficos, hacen inevitables los cambios violentos" Héctor Abad Gómez
Soy un abogado antioqueño, formado en el conocimiento jurídico por muchos de los maestros que lo formaron a usted en la Universidad de Antioquia Alma Mater de la cual compartimos el inmenso honor de haber sido alumnos y egresados.
Por las vueltas que da la vida, en mi ejercicio profesional, tuve la oportunidad de asesorar y acompañar jurídicamente en el ejercicio de justicia transicional, a una cantidad importante de excomandantes, ex - mandos medios y ex -combatientes rasos desmovilizados del bloque Elmer Cárdenas de Autodefensas campesinas (BEC- AC -ACCU) en virtud del proceso de paz que se llevó a cabo con el gobierno nacional de Colombia que usted presidió y todavía sujetos al trámite de justicia transicional de la ley 975 de 2005 aprobada por el Congreso de la Republica y que fue impulsada por sus ministros de Estado.
En tales circunstancias soy testigo de excepción, conozco de primera mano que estas personas (que en su momento fueron considerados igual o peores terroristas que la guerrilla a la que combatieron) como ciudadanos colombianos están hoy y para siempre decididamente comprometidos con el logro de la reconciliación nacional y la anhelada paz por las vías del dialogo y la concertación y desde luego con el ejercicio democrático como siempre debió haber sido. En su inmensa mayoría hoy abrazan la legalidad y rechazan las vías de hecho, la violencia y las graves violaciones de derechos humanos en las que alguna vez incurrieron y que usted como colombiano bien conoce.
De esta manera pública y abierta me dirijo a usted, quien fue Presidente de nuestra nación por dos periodos, para exponer algunos puntos de vista y argumentos sobre el actual proceso de paz que adelanta el gobierno nacional con los grupos guerrilleros, a quienes estas personas anteriormente combatieron como parte de una maquina violenta que solo sirvió a intereses aun oscuros y que solo sirvió para que todos los colombianos termináramos siendo victimas de un conflicto que nunca debió ocurrir. Este ha sido un terrible conflicto de victimas contra víctimas y entre víctimas; un conflicto por la victimización o peor aun, para prevenirla siempre por los medios violentos.
Respetuosamente le solicito entender esta comunicación dentro de en su real contexto histórico y político, pues los colombianos ya hemos trasegado por un proceso de paz único en el mundo. En virtud del proceso de justicia transicional que su gobierno implementó, se ha encontrado una buena parte de la verdad del paso de muchos compatriotas por el conflicto armado y las graves violaciones de los derechos humanos en las que lamentablemente incurrieron, cuando eran autodefensas y cuando los volvieron paramilitares. Han aportado a la reparación de quienes fueron sus víctimas. Todavía muchos siguen detenidos en la incertidumbre, en medio de un sistema que no les garantiza en forma alguna seguridad jurídica pues son utilizados, cuando cuentan toda la verdad que conocen los excluyen de justicia y paz y los pasan a la justicia ordinaria a donde les trasladan toda la prueba que entregaron después de renunciar al derecho a la no auto incriminación. Ahora están prisioneros en las cárceles pagando las penas que les ha impuesto la justicia colombiana.
Lo verdaderamente resaltable, doctor Uribe, es que todas estas personas siguen comprometidos con el fin del conflicto, la reconciliación nacional y decididamente con la no repetición de las atrocidades que desafortunadamente se cometieron durante la guerra y por las que no se cansan de pedir perdón con verdadera contrición, desde el fondo de sus corazones a quienes fueron sus víctimas, al pueblo colombiano y a la humanidad entera.
Ese es el único y real sentido de esta comunicación. Contribuir desde el punto de vista de un abogado que ha tenido la oportunidad de vivir de cerca un verdadero proceso de paz y de justicia transicional y con la humildad de un colombiano más, darle a conocer y fijar la posición no solo mía, sino de algunos de ellos frente a los actuales procesos de paz que se adelantan en Colombia con las FARC y con seguridad próximamente con el ELN y sobre el referendo que próximamente se llevara a cabo en los acuerdos de paz. Quisiera que como legislador pudiera aprovechar algunos de estos conceptos para el desarrollo legislativo para la implementación de los acuerdos, si es que se presenta la oportunidad.
Señor Ex Presidente; se ha dicho que ningún proceso de paz en el mundo ha terminado con los actores vinculados al conflicto en las cárceles. Completamente cierto. Esto es una premisa universal de los procesos de paz excepto en Colombia. La excepción fue el de los grupos de autodefensa que con animo conciliatorio y de patriótica voluntad de paz dieron ese difícil primer paso de acercarse a su Gobierno Nacional en un proceso Político de Paz en el que admitieron como premisa necesaria a través de los fallos de las Altas Cortes, que debería existir un componente necesario de justicia a través de las penas para los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos. Con su origen eminentemente campesino ellos planteaban la constitución de colonias agrícolas en las regiones de donde eran oriundos o delinquieron, donde pudieran tener paulatinamente contacto con sus familias, con sus víctimas y ordenadamente completar desde allí el desarrollo del proceso de reintegración a las comunidades como ciudadanos de bien.
Terminaron en la cárcel, en muchos casos detenidos ilegalmente sin tener siquiera prontuario policial ni ordenes de captura, desprovistos de la connotación de actores armados políticos que reclamaron desde el primer día y finalmente sometidos a una ley que no fue producto de la negociación y se les impuso ex post facto, en contra de los compromisos pactados con su gobierno y excluyendo preciosos principios jurídicos universales como el de favorabilidad, el de la no autoincriminación y el debido proceso.
Terminaron en la cárcel, no como parte de un proceso de paz con un gobierno serio, sino por los artilugios y engaños de sus ministros, asesores y comisionados, que hablándolo en plata blanca, los estafaron y los manosearon hasta el punto de llegar a extraditar a gran cantidad de desmovilizados por el temor del gobierno a posibles denuncias. Ocultaron la verdad. Utilizaron la extradición como una sublimada forma de desaparición forzada con ánimo de ocultamiento de la verdad, hasta el punto que aun hoy, seis años después del fin de su gobierno, se continúa extraditando desmovilizados, sustrayéndolos del proceso de justicia y paz y de la responsabilidad de la verdad ante las victimas.
Fueron blanco de gran cantidad de montajes por parte del Gobierno, que aún continúan vigentes. La inseguridad jurídica brilló durante todo el proceso jurídico y continuó con pesada carga que frena permanentemente un proceso que ha sido vacilante, que no fluye por culpa de las argucias gubernativas, a pesar del compromiso serio de la Justicia Colombiana.
Hoy, con el proceso político de Paz con su gobierno truncado irremediablemente por el engaño y el proceso jurídico derivado de la ley 975 de 2005 avanzando a tumbos por culpa de los desaciertos legislativos y reglamentarios y la paquidermia estatal que han sido innumerables, los desmovilizados se han comprometido con animo reparador por la verdad y han avanzado hasta el punto de haber desentrañado la cruda realidad de su participación en la guerra incluso confesando libre y voluntariamente cientos, miles de transgresiones de derechos humanos de las que el Estado jamás había tenido noticia.
Pueden expresar con dolor, vergüenza, con tristeza, pesadumbre y siempre contritos, pero con la frente en alto y reclamando todavía persistentemente el estatus político de sus transgresiones, que en el caso de las Autodefensas no hubo impunidad y que la sociedad ha contado y contará con su total disposición siempre que se los requiera para aclarar cualquier situación en la que pudieron haber participado.
Con esta comunicación en forma de carta abierta le he querido dejar saber respetuosamente, y con profundo sentimiento de humanidad a usted y desde luego también a todos los compatriotas colombianos, como testigo de excepción de que estos ex combatientes, a pesar de haber participado como objeto del experimento del único proceso de paz en el mundo donde se han aplicado a rajatabla, intensivamente los principios universales planteados por la Organización de Naciones Unidas en su indeclinable lucha contra la Impunidad, hoy aceptan dichos principios, los respetan y promueven a pesar de que tienen plena conciencia de haber sido llevados a esto mediante maniobras y engaños dignas de estafadores delincuentes y no de un estado democrático.
Estoy seguro que la trampa de entonces no será la carga que les impida aceptar y aportar desde las cárceles o desde la libertad, para que el actual proceso de paz sea exitoso, sino más bien ese dolo sufrido entonces, ahora hace parte de la acción liberadora del perdón que los llevará a su vez a obtener el perdón de las victimas y de la humanidad, por el que suplican, y que les permite desde la experiencia vivida aportar a estos nuevos procesos.
Considero, de acuerdo con mi experiencia profesional en la justicia transicional colombiana actual, que los principios universales se deben aplicar de una forma que permita el logro de los acuerdos centrados en la Justicia, representados en sus componentes de verdad y reparación.
La justicia, con un alcance universal que revise todo el actuar de todos los actores dentro del conflicto, con fundamento en la verdad cuenten en los tribunales al acceder voluntariamente a los mecanismos de justicia transicional y esta posibilidad debería comprender a todos los actores armados, legales e ilegales así como para no armados y civiles promotores, instigadores, financiadores ideólogos y apologistas sin discriminación de ninguna clase.
La pena a imponer seria de carácter social, transicional, restaurativo, temporal y con la finalidad de superar el conflicto, partiendo de que serían penas alternativas que a la vez permitan la dignificación de la víctima, la reparación social y del daño y la reconstrucción del tejido social.
La cárcel no debe ser una opción dentro de la pena alternativa. La pena de prisión es una vergüenza para la justicia, es la máxima injusticia y particularmente en Colombia es la forma como el estado mas viola los derechos humanos. A todos los presos colombianos se les violan los derechos humanos por parte del estado por el hecho de estar inmersos en el sistema inhumano, caduco y desprotegido. La prisión evoca las mazmorras, la tortura, la inquisición y las sobrepasa; es un trauma calamitoso que la humanidad no ha podido superar y un problema inmanejable para el estado. Es la hora de sobreponerla con soluciones equitativas e innovadoras.
El otro pilar de la justicia será la reparación. Como parte de la pena alternativa se debe obligar a los victimarios procesados a reparar a las víctimas, a través del fondo establecido para ello, con erogaciones fijas en el caso de los guerrilleros desmovilizados y miembros de la fuerza pública de menor rango y en los otros casos resarciendo el daño causado con un porcentaje significativo, determinado por la ley que corresponda al patrimonio bruto o a sus ingresos, tomando la declaración o los ingresos de un año anterior al inicio del tribunal, para evitar apresuradas insolvencias.
La reparación debe ser necesaria y obligatoria pero consultando la capacidad real del reparador, y teniendo en cuenta además que la gran responsabilidad de este conflicto es del Estado Colombiano que genera y permite las graves inequidades que lo originan. Es el Estado quien además de solucionar las “causas objetivas” mayormente debe participar con la reparación universal a las victimas del conflicto armado. Recojo en este punto que debe haber un juicio histórico de responsabilidades al Estado Colombiano, con su consecuente responsabilidad, tal como lo propuso usted en alguna oportunidad.
La no repetición, el objetivo final de todo este proceso, será la consecuencia necesaria del logro de las anteriores como la corona que une en una sola y benéfica cualidad el logro de la superación de las profundas inequidades sociales que han determinado el conflicto.
Respetado ex presidente: La impresionante paradoja escrita el 18 de septiembre de 1984 en las notas del doctor Héctor Abad Gómez insigne Medico y humanista defensor de los derechos humanos, asesinado por paramilitares y con la que se introduce esta carta dirigida a usted y abierta a todos los colombianos es desgarradora.
Es una invitación que desde el pasado se hace vigente día a día y que hoy nos llama nuevamente a todos los colombianos a la reflexión sobre cual debe ser la participación de cada colombiano en el logro de la reconciliación nacional.
La respuesta que daré en el próximo referendo, donde se me preguntará si apoyo los acuerdos de paz con las FARC será SI. No porque yo esté convencido de la llegada de la Paz, que sigo viendo demasiado lejos, sino por razones prácticas.
Los procesos de paz se hacen para salvar vidas, y salvar vidas, salvar una vida, salvar algunas vidas o salvar muchas vidas en un análisis de costo beneficio pesa de tal forma que deja sin peso cualquier otro argumento.
En un orden lógico, no puede haber paz si no hay Reconciliación entre las partes y los acuerdos de paz no son sino el inicio del proceso de Reconciliación Nacional, primer paso de un arduo pero seguro camino hacia la paz.
Y en ese sentido le expongo este único argumento para ello respetado expresidente.
Pregúntese por favor: ¿Cuántas vidas se han salvado con el proceso de paz trunco, engañoso, perverso que usted como presidente con sus ministros, comisionados, consejeros y asesores realizó con los grupos de autodefensas?
¡Muchísimas!; incontables, doctor Uribe, ¡siéntase orgulloso de ello!
Ellos, quienes formaron parte de la autodefensa antisubversiva, con su humildad campesina y con vergüenza por el pasado, así se sienten. Sienten orgullo de aportar a la reconciliación, de poder ayudar a construir la paz y de salvar cientos de miles de vidas.
Pero ¿se imagina usted cuantas vidas se salvarán cuando por fin después de muchos años de negociaciones truncas, y cientos de miles de colombianos muertos, ahora de una forma concertada y deponiendo intereses personalistas, económicos y políticos se llegue a acuerdos universales sobre la verdad, justicia y reparación a las victimas de la totalidad conflicto armado colombiano, planteando además principios serios y compromisos para soluciones a las graves inequidades que lo originan y que se logre esto con todos los grupos hoy alzados en armas?
Con un afectuoso abrazo de Colombiano,
Antonio José Garcia Fernández
Abogado U. de Antioquia
