Ahora que el Gobierno nacional habla de canje de deuda externa por acción climática y se han
desatado polémicas por los bonos de carbono en territorios indígenas, cada vez es más necesario
democratizar el debate de las finanzas climáticas en Colombia y el resto del mundo.
Esto no puede seguir siendo un asunto exclusivo de gente “experta” siendo que la ejecución de las finanzas climáticas tiene impactos en la vida de todo el mundo.
Primero fue necesario democratizar el cambio climático como tema y como agenda de acción, que ya era relevante para la comunidad experta del clima desde los años 70 del siglo XX, pero que cobró importancia y logró acción cuando fue democratizado en la opinión pública a través de campañas, debates, documentales, plantones, protestas, grafitis, conversaciones, etcétera.
En mi opinión, ahora es necesario democratizar el debate de las finanzas climáticas, esto es, la discusión sobre cómo se hace y se debe hacer la distribución de beneficios y perjuicios financieros como parte de la respuesta a la crisis climática. Esto cuestiona cómo se distribuye la plata del cambio climático, la que se pierde por eventos climáticos extremos como inundaciones, y la que se gana, por ejemplo invirtiendo en la bolsa de valores en bonos verdes.
Por supuesto esto requerirá un esfuerzo pedagógico. Aunque parezca abstracto y distante, cualquier persona que haya cotizado en un fondo de pensiones seguramente tiene inversiones en este tipo de instrumentos financieros, e infraestructuras que usamos todos los días han sido financiadas parcialmente con recursos de las finanzas climáticas, como transporte público o acueductos.
Una persona termina conectada al ciclo financiero climático a través de su pago de impuestos o de recibos de servicios públicos o de pasajes de transporte público. Esto solo por nombrar algunos casos. El tema general de las finanzas climáticas se puede dividir en dos grandes aspectos, las instituciones, como los bancos o fondos, y los instrumentos, como los bonos o los seguros. Veamos.
En 1991 se creó el Fondo Mundial para el Medioambiente que desde entonces recauda recursos de
donantes internacionales y los asigna a proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático,
además de financiar proyectos de desarrollo sostenible, biodiversidad o control de contaminantes.
Más adelante, en 2010, se estableció el Fondo Verde del Clima que apoya proyectos de acción
climática en países en desarrollo. Igualmente, existen otros fondos específicos como el fondo de
adaptación al cambio climático y el fondo dirigido a los países menos desarrollados.
También, instituciones financieras del desarrollo están reenfocándose cada vez más en la acción climática, pues argumentan que la crisis climática puede generar retrocesos en lo que se ha logrado en objetivos del desarrollo sostenible, y la respuesta a la crisis climática puede servir también para avanzar en estos
objetivos. Así, instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial están
moviendo sus agendas hacia el “desarrollo resiliente al clima”, según lo define el Panel Científico de
Naciones Unidas de Cambio Climático.
Por el lado de los instrumentos financieros, el Protocolo de Kioto de Naciones Unidas sobre Cambio Climático adoptado en 1997 estableció mecanismos financieros de mercado.
Por el lado de los instrumentos financieros, el Protocolo de Kioto de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático adoptado en 1997 estableció mecanismos financieros de mercado. Así, este Protocolo creó
los Mecanismos de Desarrollo Limpio que sirven para que países industrializados financien proyectos
de mitigación en países en vías de desarrollo.
El Protocolo de Kioto también estableció un mercado de emisiones de carbono (de gases contaminantes, de cambio climático) donde países industrializados se pusieron una cuota de emisiones y se estableció un mercado negociable de cuotas de carbono. Esto se mide en toneladas de dióxido de carbono, el principal gas causante de cambio climático. Así surgieron mercados de créditos de carbono o bonos de carbono (“carbon credits” en inglés) que consiste en que un contaminador paga por la reducción de emisiones de
dióxido de carbono en otro lugar, que puede ser en un país en desarrollo.
También existe el Programa de las Naciones Unidas para las Reducciones de Emisiones causadas por
la Deforestación y la Degradación de Bosques (Programa REDD+). Este mecanismo compensa
financieramente esfuerzos verificados de secuestro de carbono a través de la gestión de ecosistemas
de bosques.
Otro mecanismo que ha surgido es el “canje de deuda por algo”, es decir, canje de
deuda pública de países en desarrollo por un “algo”, que podría ser acción climática, protección de
biodiversidad, conservación de ecosistemas, etcétera.
Así, por ejemplo, este año Ecuador anunció el canje de 1.100 millones de dólares de su deuda externa por conservación de las Islas Galápagos. Por otro lado están los bonos de deuda, que pueden ser bonos verdes cuando van enfocados a proyectos ambientales y climáticos, bonos azules cuando van enfocados a conservación marina y costera, o bonos de sostenibilidad cuando se combina lo ambiental con lo social.
Todo lo anterior es apenas una mención no explicativa de las instituciones y de los instrumentos
dentro de las finanzas climáticas. En cada uno de estos existen profundos y complejos
debates sobre sus perjuicios y beneficios, el rol de lo público y lo privado, las responsabilidades
comunes pero diferenciadas entre países desarrollados y países en desarrollo, o sobre la medición
del valor de la vida y del clima.
Este debate requiere ser amplio y diverso, con participación real y efectiva, para lo cual se necesita en primer lugar democratizarlo.
