Voy a contar aquí una historia triste de alguien que conozco y que aprecio mucho. Se llama Consuelo Martínez.
En 1998, se casó con Jairo Alberto Parrado y vivieron juntos veinte años, logrando con esfuerzo y dedicación una estabilidad laboral y financiera bastante notoria.
Sin embargo, su relación no era sostenible, por lo que ella decidió divorciarse. Fue ahí cuando notó que, como nunca figuró en los bienes, no sabía cuál era el capital de la sociedad que tenía, razón por la cual se dedicó a recolectar información de manera silenciosa.
Un día de abril del 2018, olvidó su carpeta de documentos en el vehículo de su esposo, junto con el poder del abogado, por lo que su labor investigativa fue descubierta. Ella cree que ese hecho fue el detonante de lo que más adelante vendría.
En mayo de ese mismo año, la pareja se desplazó hacia su finca ubicada en Pacho, Cundinamarca. En el trayecto decidió comprar víveres y demás artículos para disfrutar en el paseo. No obstante, por alguna razón, Consuelo perdió el conocimiento en ese momento.
Días después, se despertó intubada y conectada a ventilación mecánica en la Clínica Universidad de la Sabana en Bogotá. Padecía graves lesiones que derivaron en una recuperación lenta y dolorosa, tanto física como mentalmente.
A raíz de tal acontecimiento, la relación de los esposos sufrió graves afectaciones, puesto que ella sospechaba que había sido su cónyuge quien probablemente había atentado contra su vida; empero, este pretendía hacer creer que los daños sufridos fueron causados por la caída de un caballo.
El 30 de julio de 2018, en la Fiscalía General de la Nación, Consuelo presentó una denuncia en contra de Jairo Alberto, por el presunto delito de tentativa de feminicidio. La investigación, que busca esclarecer los hechos ocurridos en mayo de 2018 (en donde la salud, la integridad y la vida de ella se vieron gravemente afectadas), se encuentra activa en la actualidad.
La totalidad de los bienes adquiridos en los más de veinte años de matrimonio, con el producto del trabajo y esfuerzo de cada cónyuge, se encuentran únicamente a nombre de Jairo Alberto, a pesar de que Consuelo estuvo a cargo de las actividades económicas durante el tiempo que permanecieron unidos.
Y eso no es todo, él comenzó a enajenar bienes que hacen parte la sociedad conyugal, así como a reducir el patrimonio que tenían en común en cuentas bancarias. En consecuencia, las condiciones de vida y los ingresos económicos de Consuelo desaparecieron.
De hecho, desde mayo de 2018 le ha sido imposible mantener el nivel de vida que le exige su estado de salud, por lo que está siendo sostenida por su familia, pues no tiene ingresos y no recibe apoyo económico por parte de su esposo. Aun así, en el proceso de divorcio, él está reclamándole una asignación mensual de diez millones de pesos.
Ella atendió el llamado de las autoridades, que invitan a hacer públicos los actos de feminicidio: denunció ante la Fiscalía, demandó ante un juez de familia, y ahora espera impacientemente y enferma que se haga justicia.
Sin embargo, ve que el tiempo transcurre y observa de manera impotente cómo la compañía por la que luchó se descapitalizó, cómo sus contratos fueron traslados a otras empresas y cómo sus bienes fueron traspasados. A pesar de eso, está segura de que la verdad brillará. Cree que las autoridades harán justicia.
En los últimos meses, ella ya no habita en su domicilio. Teme por su vida e integridad, dado que compartía hogar con quien ella cree que fue su agresor.
