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En cualquier momento de las próximas semanas, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional firmará una sentencia que el mundo ambiental y el de los mercados de carbono esperan con atención. El expediente T-11.911.353 nació de algo en apariencia sencillo. El 7 de marzo de 2025, dos comuneros del Resguardo Indígena Carrizal, E. L. L. y S. L. B., se presentaron ante la Corporación Masbosques como gobernador y capitán, y pidieron información sobre el proyecto Awakadaa Matsiadali: las ventas de créditos, el esquema financiero, los contratos y la ejecución de los recursos. Recibieron dos respuestas que, según ellos, no entregaban todo lo pedido y, siete meses después, acudieron a la tutela. Debo decir de entrada que soy el apoderado de Masbosques en ese proceso. Por eso mismo no pretendo anticipar un fallo que solo le corresponde a la Corte, sino explicar qué está por decidirse y por qué le importa a mucha más gente que a las partes.
La idea detrás de un proyecto REDD+ cabe en una frase. Quien evita la deforestación de un bosque puede convertir esas emisiones evitadas en créditos de carbono, certificarlos y venderlos a empresas que buscan compensar su propia huella, es un mercado complejo, no es fácil de entender. Llevarla a la práctica es otra historia, sobre todo cuando el bosque es un territorio colectivo. El Awakadaa Matsiadali es uno de los proyectos grandes del país. Reúne a 13 resguardos indígenas del Guainía sobre más de 505.000 hectáreas. Cercarbono lo certificó en octubre de 2022. Según la información que se aportó al juez de tutela, ha vendido 849.853 créditos en tres operaciones. Masbosques, una corporación de naturaleza mixta, es su desarrollador y actúa como mandatario de las comunidades.
Masbosques explicó por qué no entregó todo. Dijo, en primer lugar, que actúa como mandatario y no como dueño de la información, de modo que los titulares son las comunidades -y ese es el deber ser-. Ocho de ellas, incluida la propia Carrizal, le habían pedido por escrito no entregar esos datos a terceros. Parte de lo solicitado era, además, información comercial, financiera y de datos personales de otras comunidades, protegida por la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1581 de 2012. Por último, los peticionarios no eran autoridades vigentes del resguardo, porque la asamblea había ratificado a otro representante semanas antes de la petición.
Ese último punto explica buena parte del caso. El 16 de febrero de 2025, en una asamblea de 73 asistentes, la comunidad ratificó a A. M. M. como su representante y rechazó a E. L. L. El registro estatal tomó otro rumbo. El 13 de marzo, el Ministerio del Interior expidió una constancia a favor de este último, y en 2026 la Dirección de Asuntos Indígenas lo registró como autoridad de Carrizal para todo el año, con la aclaración de que ese registro no constituye reconocimiento de autoridad. Un mismo resguardo quedó así con dos certificaciones, cada una a nombre de una persona distinta. Masbosques se atuvo a lo que decidió la asamblea, y será la Corte la que diga si esa era la conducta debida.
Los jueces de instancia protegieron el derecho de petición, aunque con alcances distintos. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Inírida amparó a los accionantes el 10 de noviembre de 2025 y ordenó una respuesta de fondo en 48 horas, que Masbosques entregó dentro del término antes de impugnar. El 12 de diciembre, el Tribunal Superior de San José del Guaviare confirmó esas órdenes por motivos propios, pues encontró genérico el primer pronunciamiento y precisó que responder de manera individualizada no implica acceder a todo lo pedido. Dejó además una advertencia que hoy pesa: el juez de primera instancia había ordenado la entrega integral de la información sin examinar antes la legalidad de la reserva invocada. Ninguna de las dos instancias decidió, entonces, si la información del proyecto es pública o reservada, de allí nace el interés de la corte por estudiar el caso.
Ese vacío es el que llega a la Corte. La Sala de Selección Número Cuatro escogió el caso el 30 de abril de 2026 con dos criterios, asunto novedoso y urgencia de proteger un derecho fundamental, y el reparto correspondió a la Sala Novena, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero. La selección no prejuzga, pero deja ver que hay reglas por fijar y que la Corte quiere examinar de cerca si hubo un derecho desprotegido. Tras varios meses de pruebas, el expediente está listo para fallo desde finales de octubre. Hasta donde permite ver el proceso, lo que se revisa no es la existencia del proyecto, ni su certificación, ni los créditos ya vendidos. Lo que está por resolverse son preguntas que van más allá de Masbosques y del Awakadaa Matsiadali.
La Corte ya ha hablado dos veces de estos proyectos. En la Sentencia T-248 de 2024, sobre un proyecto del mismo desarrollador en el Pirá Paraná, amparó la libre determinación, el autogobierno y el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, y les devolvió a ellas la decisión sobre la continuidad del proyecto. A las empresas les exigió estándares mínimos de debida diligencia, pero no anuló el contrato de mandato, ni la certificación, ni los créditos. En la Sentencia T-283 de 2026, publicada el pasado 20 de octubre, sostuvo que el consentimiento de una comunidad no es irrevocable y que tratar su retiro como un simple asunto de contrato vulnera el gobierno propio. Puso además en el desarrollador la carga de probar que informó bien, aunque el remedio fue únicamente declarativo. Leídas en conjunto, las dos muestran una Corte firme al proteger el gobierno propio y sobria al escoger los remedios. Ninguna resolvió el punto del acceso a la información, y dos sentencias tampoco hacen una línea consolidada que obligue a la Sala Novena a repetir esa mesura.
A la Corte se le abren tres caminos. El primero es una decisión contenida, en la que constata que la respuesta de fondo ya se produjo, confirma el amparo en su dimensión formal y aprovecha la sentencia para hacer pedagogía, sin órdenes nuevas. Declarar superado el hecho luce menos probable, porque desde la Sentencia SU-522 de 2019 esa figura se reserva para lo que el demandado hace por voluntad propia, y aquí la respuesta llegó en cumplimiento de un fallo. El segundo camino es una regla de ponderación, que cambia la entrega total o la negativa general por un examen documento por documento. Para eso la Corte cuenta con el test de daño que la misma Sala Novena exigió en la Sentencia T-067 de 2025 y con el criterio de la T-534 de 2024, según la cual la información ambiental en poder de particulares es pública en principio y el secreto empresarial no funciona como negativa automática. El tercero es el más ambicioso. Sería una tercera sentencia que consolide lo dicho sobre REDD+ y lo extienda a proyectos ya certificados y con créditos vendidos, con nuevas órdenes o exhortos a las autoridades.
Mi tesis es más sencilla. Los principios existen. Falta la regla que diga cómo operan cuando el titular de la información es colectivo y quien la administra es un mandatario. Tenerla le conviene a todo el que participa en estos proyectos. Con una regla clara, las comunidades sabrían qué pueden pedir y los desarrolladores qué deben entregar, a quién y con qué límites, algo que hoy cada uno resuelve como mejor entiende. Ese vacío tiene otro costo, que conozco de cerca: mientras no se sepa qué es público, sobre estos proyectos circulan versiones incompletas, y algunas con datos inexactos, que afectan el buen nombre de quienes trabajan con seriedad. Una regla clara corrige eso y da, además, seguridad jurídica a los créditos ya emitidos y a los proyectos en curso. La continuidad del Awakadaa Matsiadali se decide en otra parte. Desde la T-248 de 2024 quedó dicho que esa decisión es de las comunidades y, a mi juicio, nada en el expediente sugiere que la Corte vaya a tomarla por ellas.
Quien quiera seguir el caso puede buscar el expediente T-11.911.353 en el buscador de tutela de la página de la Corte Constitucional. Lo usual es que una decisión así se conozca primero por un boletín de la Corte y después por su texto completo, y vale la pena leer ambos antes de sacar conclusiones, porque en esta materia los matices deciden tanto como las órdenes.
Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes
Abogado penalista. Director de RAG Abogados S.A.S. Conjuez del Tribunal Superior de Medellín. Doctorando en Derecho.
www.ricardogiraldo.com
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