Por estos días el país se vuelve a convulsionar, en esta ocasión como producto de una operación militar contra uno de los campamentos de alias Gentil Duarte, comandante de una las estructuras más peligrosas de las disidencias de las Farc en el sur y oriente del país, que se financian a través del negocio del narcotráfico; además de haber sido uno de los más reticentes a los acuerdos de paz. El operativo se realizó a través de un bombardeo donde hasta el momento se tiene certeza de la muerte de tres combatientes menores de edad.
Este último aspecto es el que ha causado revuelo, en un amplio sector de la sociedad y en especial entre los líderes de oposición y defensores de derechos humanos, quienes se han concentrado en los análisis de la letalidad de estos operativos en campamentos donde pudieran encontrarse combatientes que no superan la mayoría de edad; dejando de lado el análisis del fenómeno del reclutamiento forzado de menores, el cual es una práctica generalizada por estas estructuras delincuenciales.
Durante los últimos 20 años, cerca de 14.000 niños han sido reclutados por los diferentes actores armados, este reclutamiento proporciona una ventaja militar dada la facilidad para su reclutamiento y otras que por su crudeza seremos muy prudentes en su descripción; pero estas tienen que ver con que los menores pueden realizar algunas actividades que se dificultan para los combatientes adultos; me refiero a actividades como la instalación de minas, la realización de actos más audaces a la hora del combate, además son engañados y cautivados con mayor facilidad, en ocasiones no les pagan o les pagan menos, pueden desarrollar con mayor facilidad actividades de inteligencia y son sometidos con mayor facilidad a toda clase de abusos y arbitrariedades por parte de sus cabecillas; como se ha evidenciado tras los acuerdos de paz y las investigaciones adelantadas hasta el momento por la jurisdicción especial para la paz.
Estos actores aprovechan varios factores como la “ausencia del Estado” que se da no solo por la negligencia, sino también por las condiciones del territorio y de sus poblaciones, lo cual posibilita una serie de prácticas ilícitas y de formas de intervención de estos actores que generan un especial orden social, donde la población civil y de manera particular los menores son altamente “vulnerables al conflicto armado y a la disfuncionalidad societal”.
Son muchas las acciones de estos grupos que comprometen su integridad al ser reclutados como parte de un pérfido “impuesto de guerra” y verse atrapados dentro del conflicto y no como simples espectadores, sufriendo no solo los efectos de la guerra; sino también la violencia sexual, las privaciones propias del conflicto; que los exponen al sufrimiento, al hambre, las heridas, las enfermedades y a la muerte; al ser explotados como combatientes.
Estos actos deliberados de extrema brutalidad deben poner en evidencia el papel de sus reclutadores y nos obligan como sociedad a pronunciarnos, a reconocer esta realidad y a exigir no solo su inmediata liberación, sino también un papel más eficaz de nuestras autoridades en la prevención de esta práctica, que va de la mano de las políticas mundiales del control de las drogas alucinógenas y psicodélicas en un país productor, que no puede agotar sus estrategias en la prohibición; cuando el mundo y en particular América tiende hacia la regulación como lo han hecho Islandia, Suiza, Canadá, Uruguay, cerca de 15 estados de los EE.UU. y recientemente México, entre otros.
