La inseguridad en la ciudad desde hace años ha venido en aumento. Por ejemplo, los robos en sus distintas modalidades han aumentado considerablemente, tal como lo detalló el cuarto informe del Cúcuta Cómo Vamos, donde se evidencia que el 53% de los encuestados manifiestan que en relación a la seguridad lo que más les preocupa son los múltiples atracos callejeros en sus barrios, además de que los asesinatos de personas por diversas circunstancias dan la sensación de ser más constantes y que el aumento del microtráfico permite que la sensación de la ciudadanía en relación a la inseguridad sea de un mayor grado.
Los pocos o nulos operativos de las autoridades para evitar que estos delitos aumenten hacen que la ciudadanía no vea en el Estado un protector eficaz que, como dijera Thomas Hobbes, "garantice la supervivencia de cada individuo que ha decidió ceder su derecho natural a autoprotegerse a un tercero con la fuerza suficiente que pueda protegernos a todos". Sumado a ello, los constantes abusos de autoridad por parte de algunos agentes de policía deslegitiman las pocas acciones que la fuerza pública pudiera adelantar para combatir las acciones delictivas que se presentan en la ciudad.
Es así que se ha vuelto constante ver en redes sociales vídeos donde se observan situaciones donde la comunidad enardecida agrede, golpea y, en algunos casos, tortura a presuntos delincuentes que al parecer son aprehendidos infraganti cometiendo acciones delictivas; es decir, se toma la justicia en mano propia, se captura, se enjuicia y se sanciona sin la debida defensa, proceso y garantías necesarias que garanticen lo que nuestra constitución ha señalado: "nadie es culpable hasta cuando no se demuestre lo contrario".
Lo triste de todo esto es que los altos niveles de delincuencia han llevado a la ciudadanía a rebajarse al mismo nivel de los presuntos delincuentes, pues torturar, señalar, agredir y más son igualmente acciones delictivas que a la luz del Estado social de derecho deben ser sancionadas. Todo ello ocurre sin que las autoridades logren adelantar campañas y/o acciones tendientes a frenar que la justicia sea tomada en mano propia. Por el contrario, se guarda el más absoluto silencio cómplice desde la institucionalidad.
Es por ello que se requiere con urgencia formación profesional y ética en los agentes de policía que les permita realmente asumir su rol protector ante la ciudadanía. Así mismo, se requiere de una política pública que se enfoque en el respeto de los derechos humanos, inclusive a quienes cometen delitos, política que además debe estar encaminada a reducir las acciones delictivas desde la raíz, es decir, fomentar programas que garanticen que los ciudadanos cuenten con las condiciones necesarias para evitar caer en la delincuencia y, por el contrario, se debe rechazar, como ya lo ha hecho la ciudadanía, el cobro de nuevos impuestos para seguridad que en nada promueven resolver los problemas de inseguridad presentes en la ciudad.
