Hace aproximadamente cinco años cerca de 24 familias construyeron unos ranchitos en el sector de la quebrada La Iguaná. Esa fue la única alternativa que encontraron como consecuencia del desplazamiento a causa de la violencia.
Más adelante, el 3 de marzo de 2017 montaron una acción popular con medida cautelar porque habían rumores de que los iban a desalojar. El juez aseguró que iba a averiguar si era cierto y luego de varios días les comento que no había de qué preocuparse… Sin embargo, días después se produjo el desalojo de 24 familias compuestas por 107 personas, en las que hay 57 menores.
Tras el desalojo por parte la Alcaldía de Medellín “Cuenta con Vos”, la comunidad decidió tomarse la sede de la Universidad Nacional, en la que el alcalde, Federico Gutiérrez, se comprometió a darles tres meses de arriendo, un mercado por tres meses y una solución definitiva de vivienda.
Después de un año, la comunidad se dispersó toda: hay varias personas desaparecidas, otras viviendo como indigentes, etc. Por ejemplo, la familia de Elena Mallares se tuvo que ir a Urabá; hay 20 niños que salieron de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, por ende perdieron el año y quedaron desescolarizados. La mayoría de las familias regresaron, pero están en condiciones inhumanas porque están sin casa y en el rebusque del día a día.
“Después de un año queremos volver a tomar jurídicamente desde el principio, la negligencia del juez fue evidente. De la administración municipal no esperamos nada porque nos tiraron a la calle y no nos han ayudado en lo más mínimo. La alcaldía por parte de Isvimed nos dijo que teníamos acceso a subsidio de vivienda, pero debíamos tener un salario de dos salarios mínimos, pero eso acá nadie lo tiene…”, aseguró Xiomara Quinchía, lideresa de la comunidad de los Ranchitos.
Por su localización, el barrio La Iguaná —compuesto aproximadamente 1.300 familias, entre ocupantes iniciales, inquilinos, subarrendatarios e invasores— está afectado por los proyectos “Parques del Río”, “Corredor de la quebrada La Iguaná”, “Conexión vial nacional Antioquia – Urabá” y “Protección Ambiental del Cerro El Volador”.
“Las familias que habitan los sectores barriales por donde están concebidas estas obras se encuentran, unos más, otros menos, amenazados con el desalojo masivo, a través de la llamada 'expropiación administrativa' de las propiedades que para algunos han sido trasladadas de generación en generación, mientras para otros ha sido el producto de años de lucha decisiva por el derecho a una vivienda digna”, afirmó la Junta de Acción Comunal del barrio La Iguaná en un comunicado.
Por ahora, la Alcaldía de Medellín en cabeza de Isvimed, la EDU y la Subsecretaría de Derechos Humanos no se pronuncian al respecto. Será otro pagaré pendiente de esta administración cuando quien la encabeza quiera volver a hacer política.
