Ser líder social en Colombia es una actividad de alto riesgo, la polarización que atraviesa actualmente el país ha llevado a pensar que ser defensor de derechos humanos o de la paz es sinónimo de ser guerrillero, acusación ligera y peligrosa, porque cuando alguien es estigmatizado de esta forma siempre habrá alguien dispuesto a apretar el gatillo.
En lo corrido del año 2017, más de un centenar de líderes sociales han sido asesinados y no hay certeza de quiénes han ordenado estos homicidios, que sin lugar a dudas mandan un mensaje: todo aquel que defienda la paz, es objetivo militar, ¿de quién(es)? Ni las autoridades lo saben, la ineficacia de la Fiscalía para establecer los responsables de un genocidio que se cocina lentamente solo agrava la situación.
El Gobierno nacional hace oídos sordos ante esta innegable realidad, lo cual lo demuestra el hecho de que el Presidente de la República tilde de “hechos aislados” lo que claramente es un exterminio, por la cantidad de líderes asesinados. ¿Será que el Gobierno necesita que los maten en orden alfabético? Además, genera desconfianza la actitud estatal, pues el Estado, a través de su silencio y negligencia, se está convirtiendo en cómplice de estos crímenes. Es claro entonces que no son ajustes de cuentas ni mucho menos muertes por “razones personales” como erróneamente Santos decidió llamar a lo que sin duda es un patrón de conducta criminal. Igualmente, el hecho de que todos los líderes fallecidos fueran defensores del acuerdo de paz deja entrever que esta, de lejos, es la razón por la cual están siendo asesinados.
El acuerdo de paz que logró desarmar a una fuente de violencia podría resultar en vano por la ineficacia estatal, pues ni siquiera se sabe con exactitud cuántos líderes han perecido a lo largo de este año. Por otra parte, la lentitud del Estado por ocupar los territorios abandonados por la extinta guerrilla desembocó en el nacimiento de nuevas fuerzas violentas que buscan cegar la vida de quienes siembran esperanza en sus comunidades. La implementación de dicho acuerdo es una tarea espinosa, la paz no nos puede costar la vida, sin líderes que socialicen el acuerdo, no hay paz.
Es claro que la cifra de líderes sociales asesinados seguirá aumentando con el pasar de los días, sin que las autoridades tomen medidas en el asunto. Ante esto es oportuno preguntarnos, ¿qué garantías políticas hay? Si al que piensa diferente lo matan, no es posible hablar de una paz estable y duradera. Si este exterminio continúa, si el Estado es incapaz de proteger a sus ciudadanos, ¿de qué paz hablamos entonces?
Es preocupante el silencio de los candidatos a la presidencia y de los colombianos, en general, ante este flagelo. Es momento de que nos movilicemos en defensa de quienes defienden la paz, este no puede ser un problema sin solución y mucho menos una tragedia sin fin.
Confío en que pronto llegará el día en que le prestaremos la debida atención a estos crímenes, porque ellos son colombianos que mueren por la paz, por eso, no dejemos que la paz muera.
