La muerte de varios niños en diferentes municipios de La Guajira puso a la directora del ICBF, Cristina Plazas, dos exgobernadores: José María Ballesteros y Oneida Pinto y a otros 18 funcionarios a responder ante la Procuraduría. La investigación la lidera la Procuradora delegada para la infancia Ilva Myriam Hoyos.
La investigación es por cuenta de la situación de los menores de los municipios de Manure, Rioacha y Uribia, donde varios de ellos han fallecido por falta de alimentos y deficiente atención por parte del Estado. Lideres de la etnia wayuu viajaron a Bogotá a reunirse con la directora para plantearle de primera mano la situación en la Alta Guajira y para buscar presionarla a que los operadores de los programas de alimentación infantil sean solo de la etnia wayuu. Esta es una reacción a las medidas que ha tomado Cristina Plazas de contratar con entidades externas a La Guajira para garantizar la calidad de los alimentos,ya que las auditorias han mostrado la deficiencia del servicio que se le venia ofreciendo a los niños.
