Buena parte de los campesinos que siembran coca están asociados en la coordinadora Coccam. Una organización que ha sido clave para impulsar los pactos de sustitución voluntaria y servir de voz intermediaria entre los pequeños cocaleros y el programa de sustitución de cultivos en cabeza de Eduardo Diaz, adscrito al Ministerio de Posconflicto que dirige Rafael Pardo. Este programa es uno de los ejes del Acuerdo de La Habana y esta incluido en punto 4 de lo pactado que obligar al gobierno a reconocerle a cada campesino que firme el pacto recursos a cada campesino durante dos años para echar a andar los proyectos productivos de economia legal. .
La respuesta del gobierno ha sido lenta con los familias registrados pero sin los desembolsos oportunos. Simultáneamente el plan de erradicación forzosa con apoyo de los Estados Unidos ha seguido su marcha generando desconfianza entre los campesinos cultivadores. A esta incertidumbre se une la iniciativa legislativa que acaba de radicar el Ministro de Justicia Enrique Gil Botero que condiciona los apoyos gubernamentales para los cocaleros que firmen los pactos. El proyecto de ley propuesto reduce la cantidad de 3 hectáreas a 1.78 para ser cubiertos por el proyecto, ya que según el Ministerio en este área se pueden producir un ingreso de dos salarios mínimos, que ese es el tope para considerarlo pequeño cultivador. Con este cambio quedarían por fuera de la cobertura la mitad de familias que firmaron el pacto con el riesgo incluso de ser judicializados.
Para la Coccam estos cambios son inaceptables y anunciaron la posible suspensión de las negociaciones con el gobierno. En un comunicado proponen crear una mesa para concertar con el Ministerio de Justicia el proyecto de Ley.
El trámite de una ley de judicialización a pequeños cultivadores y el asesinato sistemático de nuestros integrantes, nos obliga a reconsiderar nuestra participación en el PNIS. pic.twitter.com/6YZBuWa5bP
— COCCAM COLOMBIA (@COCCAMColombia) 23 de marzo de 2018
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