Bucaramanga es un ciudad próspera y en auge, en la que viven 600 personas como parte de una eficaz área metropolitana en la que se alojan más de un millón doscientos seres humanos que llevan su vida en los municipios de Piedecuesta, Floridablanca y Girón.
La industria del zapato y la joyería son sus dos principales renglones económicos y empresariales. Sus universidades y centros de educación son un prodigio y un patrimonio de enorme potencial.
Sus tendencias políticas recientes destacan un importante afloramiento del pluralismo político, el cual se manifiesta en la presencia de nuevos liderazgos cívicos y democráticos. Por supuesto, la larga tradición liberal, de más de 150 años, explica una cultura ligada con las reivindicaciones progresistas y populares.
Desde luego, los problemas sociales son muy graves. Me refiero a las difíciles condiciones de los habitantes del norte de la ciudad, pues allí casi doscientas mil personas viven en situación de marginalidad urbana, desempleo, criminalidad y miseria.
Es igualmente grave, desde la perspectiva institucional, el problema de la corrupción y despojo de los bienes públicos, incluidos sus presupuestos. De tiempo atrás en la alcaldía de la ciudad se han configurado tenebrosos enclaves delincuenciales emanados desde el clientelismo bipartidista y el régimen caciquil de renombrados gamonales locales, especializados en el saqueo y fraude de los patrimonios estatales.
La sociedad civil de Bucaramanga se cansó de tanto atropello y en las pasadas elecciones votó masivamente por el actual mandatario local, Rodolfo Hernández, quien hizo una propuesta programática conocida como lógica, ética y estética.
Ya en ejercicio de sus funciones Hernández dio prioridad a la denuncia del saqueo ejecutado por el anterior jefe de la administración municipal, Lucho Bohórquez, quien según denuncias mediante sucias maromas se alzó con la media bobada de 300 mil millones de pesos utilizando una fundación religiosa manipulada por sus familiares, la cual presuntamente se benefició de decenas de contratos de obras públicas asignados a dedo desde el despacho del alcalde.
Obviamente, estas medidas han sido rechazadas por la clase política local que parece estar acudiendo a múltiples artimañas para colapsar y anarquizar la administración municipal.
Recientemente se montó un escándalo en la empresa de aseo con unos contratos que nunca se firmaron.
Ahora el turno de la arremetida es contra un destacado funcionario de Hernández, el reconocido analista político Manuel Francisco Azuero, quien se desempeña como jefe de gobernanza local.
Presuntamente Azuero Figueroa se posesionó en dos cargos para ejercer funciones en la administración municipal sin que cumpliera los requisitos para ninguno de ellos. Afirmación absolutamente desfasada de la realidad administrativa.
Azuero es un reconocido profesional de la ciudad, que se ha destacado por las denuncias de los desfalcos y robos contra el presupuesto oficial, hechas desde el portal la Silla Vacía y Vanguardia Liberal.
Sin lugar a dudas se ha de tratar de otra oscura maniobra de las camarillas clientelares para enlodar la gestión del alcalde Hernández y paralizar la ejecución de su importante plan de desarrollo con claros avances en la recuperación del espacio público, la pulcritud en el manejo de los dineros colectivos y la atención de la población más pobre.
Se requiere que la sociedad civil acompañe al burgomaestre en su gestión por dar transparencia eficiencia, equidad y eficacia al sistema de gobierno municipal.
Desde la veeduría ciudadana ConTransparencia hemos hecho nuestro aporte dando respaldo a la importante gestión cívica de Hernández.
