Varios artículos del proyecto recientemente radicado por el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y cuyos ponentes aun no están definidos incluye un mecanismo para congelar los gastos del Estado hasta 2026. Según los artículos, el presidente que será elegido en mayo de 2022 y reemplazará a Iván Duque con limitados recursos libres para invertir y moverse presupuestalmente. Sectores de izquierda son quienes más han advertido este riesgo, en cuanto se sienten ganadores en el 2022 pero tendrían las manos atadas para gobernar.
#LaGranEstafaTributaria,congelar salarios 1.300.000 empleados públicos, subirles precios carne res,cerdo, pollo, huevo, los servicios públicos, ponerles imporenta a salarios,iva a servicios públicos.@cutcolombia @ctccolombia @CGTCol
28A PARO NACIONAL pic.twitter.com/NDXwk4ZBWz— Francisco Maltés Tello (@maltescut1) April 16, 2021
¡Alerta demócratas! La Reforma Tributaria es también una grave amenaza para las elecciones en el 2022. Pretende darle facultades extraordinarias a @IvanDuque para reformar la estructura del Estado, una andanada de burocracia para tramitar votos. pic.twitter.com/oY7JNtBJ3E
— Ángela María Robledo (@angelamrobledo) April 15, 2021
#Alerta servidores públicos: se congelará aumento de salario por 5 años (exceptuando Fuerza Pública).
Insistimos que no es afectando el salario (impactando de manera negativa el consumo y la demanda agregada) como saldremos de esta crisis. Al contrario, afectará más la economía pic.twitter.com/yHJId6G9Sv— DavidRacero (@DavidRacero) April 16, 2021
Según el artículo 33 del proyecto, se limitaría el crecimiento anual de los gastos de personal y de adquisición de bienes y servicios hasta 2026 en el Presupuesto General, con la excepción de la Fuerza Pública y reducción de contratos de prestación de servicios. Así mismo, el presidente quedaría autorizado para fusionar, suprimir, modificar y liquidar entidades públicas, organismos y dependencias del poder Ejecutivo.
Además, el artículo 5 exige una regla fiscal mucho más rígida a partir de 2022. Mientras el gobierno actual ha tenido un déficit de casi 40 billones de pesos para financiar las medidas contra la pandemia, la reforma obligaría a que los gastos totales del Gobierno en 2024 no superen a los ingresos en un porcentaje superior al 0.2% del PIB, equivalente a unos $2 billones.
Estas exigencias han sido criticadas por líderes políticos y económicos porque podrían bloquear la capacidad del próximo gobierno para realizar inversiones en sectores de construcción y obras públicas que requieren de deuda, o cambiar la planta laboral. Los sindicatos aseguran que esto podría congelar el salario de 1.3 millones de trabajadores del sector público. El futuro gobierno también tendría que absorber otras medidas como el calendario de aumento de las declaraciones de renta, que está presupuestado para completarse en 2025.
