¿Cómo va la implementación del acuerdo de paz en materia agraria?

Datos y analisis del seguimiento que le ha dado el gobierno de Duque a la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, los PDET, y la Reforma Rural Integral

Por: Felipe Cardona Mayo
abril 27, 2020
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¿Cómo va la implementación del acuerdo de paz en materia agraria?
Foto: Fundación Forjando Futuros

Una esperanza que se desvanece: Ley de Victimas y Restitución de Tierras

La ley 1448 de 2011, creo la posibilidad de que les devolvieran las tierras despojadas al campesino. Desde la vigencia de la ley hasta hoy, ha habido aproximadamente 120.000 solicitudes de restitución de tierras despojadas, que cubren un área de más de 2.3 millones de hectáreas, lo que deja un resultado a medias ya que entre el 2011 y el 2016, se entregaron 350.000 hectáreas de 7.000.000 expropiadas.

Duque expidió un decreto, el 1167 del 2018 y dio tres meses de plazo, para inscribir solicitudes de restitución y cerró, acabando así con la restitución de tierras en Colombia sin esperar que la corte constitucional prorrogara la ley unos años más.

Desde la vigencia de la ley hasta hoy, ha habido aproximadamente 120.000 solicitudes de restitución de tierras despojadas, que cubren un área de más de 2.3 millones de hectáreas.

La ley 1448 fue la primera en la historia del país en reconocer la existencia del conflicto armado, se reconocieron los derechos de las victimas a verdad, justicia, reparación y no repetición, se creó la unidad de víctimas, el centro nacional de memoria histórica y se fijó el 9 de abril como el día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas. Además de ser un paso clave para el comienzo de los diálogos de paz con las FARC-EP. Esta ley tiene vigencia hasta el 2021, por esta razón el gobierno nacional debe radicar una o pedir la prórroga de esta en el congreso, si esto no sucede, la corte constitucional ha decidió que la presente ley tendrá vigencia hasta 2030. (Comisión de la verdad) Pero surgen otras preocupaciones.

Según el director de la unidad de víctimas “La ley de restitución de tierras está desfinanciada”, advirtió a el diario el Universal que es importante buscar recursos adicionales para cubrir el desbalance presupuestal que tiene la Ley 1448, con esta manifestación de desasosiego el Universal le realiza la siguiente pregunta:

¿Y qué atención le están dando a las víctimas durante esta emergencia del Covid-19?

Por la pandemia, le solicitamos al Ministerio de Hacienda que nos adelantara los recursos del pago de los meses de abril, mayo y junio. Son $95.000 millones en atención humanitaria y $420.000 millones en pagos de indemnizaciones, más de medio billón de pesos para poder cumplirles a las víctimas que más lo necesitan. Hay que entender que no va a alcanzar para hacerle giros a todas, pero bajo el criterio de subsistencia mínima, estamos cruzando con las bases de datos de las alcaldías ya que el esfuerzo lo estamos haciendo a nivel nacional, departamental y local. (El Universal)

Otra meta rezagada de la restitución de tierras es que de 112.357 predios solicitados hasta ahora solo hay 4.581 predios con orden de restitución proferidas por un juez, lo que quiere decir que desde la misma jurisdicción agraria se evita que el campesino adquiera su porción legal o que le devuelvan lo que fue suyo una vez.

Reforma Rural Integral: un financiamiento a medias

El espíritu del punto 1 del acuerdo de paz con las FARC, está orientado a mejorar las condiciones de vida de las personas en el campo, desconcentrar la propiedad de las tierras, garantizar el acceso a los campesinos más pobres, crear distritos de riego y vías terciarias y entregar tierras a través de fondos a las víctimas de desplazamiento forzado. ¿Pero cómo va la implementación en el gobierno Duque?

En agosto del año pasado se radico el primer proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación de la era Duque, en este documento se indican todas las asignaciones de los recursos públicos que el gobierno pretende otorgar a las entidades nacionales y regionales para el año siguiente, este documento es el reflejo de la voluntad del gobierno para desarrollar en buen término los puntos del acuerdo de paz. la capacidad fiscal del gobierno es exorbitante a diferencia de otros años en los que la precariedad presupuestaria no tuvo precedentes, sin embargo, el Estado desconoce sus compromisos con el acuerdo, compromisos tales como ampliar su presencia en todo el territorio, solucionar el déficit de bienes y servicios públicos y reparar a las víctimas del conflicto armado, pero para llegar a cumplir estos puntos se necesita un gran esfuerzo fiscal mas no una reducción generalizada del presupuesto como se ha hecho con la ANT (Agencia Nacional de Tierras) que es la encargada de los planes de formalización y acceso a la tierra que sufrió un recorte del 18,9% frente al año pasado, tampoco existe un proyecto de inversión específico dentro de la agencia que otorgue recursos al fondo de tierras, que es el principal mecanismo de distribución de tierras dentro del acuerdo de paz.

Por su parte la ART (Agencia de Renovación del Territorio) encargada de coordinar y apoyar la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial, recibió una reducción presupuestal del 10,4% frente al año pasado. Además, el rubro de inversión de renovación territorial para el desarrollo integral de las zonas rurales afectadas por el conflicto armado disminuye en un 20% frente a la asignación del 2019. (Dejusticia)

Los PDTES (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) en Colombia, abarcan 16 subregiones priorizadas, 170 municipios, 11 mil veredas, 305 consejos comunitarios y 452 resguardos indígenas, que este año han sido desfinanciadas y olvidadas por la autoridad central que nunca ha pisado el territorio de la población más vulnerable, existen atrasos legislativos, desarticulación parcial y sin financiación suficiente, suspensión de mesas de trabajo y no hay garantías de continuidad de semilleros de tierra y territorio.

La paz no está dentro de las 10 prioridades de inversión para el gobierno, de hecho, esperan invertir 10,43 billones de pesos, lo que equivales al 1% del PIB, mientras que se le invierte 80 billones de pesos a la minería cada cuatrienio, por eso es importante recordar al maestro Alfredo Molano Bravo que desde hacía mucho tiempo nos advertía la importancia de las zonas de reserva campesina en el destino nacional, como un mecanismo para llegar a una paz estable y duradera “Las zonas de reserva campesina están llamadas a ser el instrumento político y económico idóneo para consolidar la paz en las regiones que han sido ignoradas y sacrificadas desde siempre por gobiernos que agencian solo los intereses de los grandes propietarios” (Columna, Ciudadanos Campesinos)

Datos estremecedores

Según la Corporación Latinoamericana Misión Rural, a través de entrevistas con expertos del mundo de la academia, de la política, y de la institucionalidad se analizó el tema Conflicto y tierras desde los escenarios rurales, y los escenarios de conflicto armado, así como de los sectores que se benefician con la concentración o que la propician.

En este país existen cerca de 1.000.000 de campesinos viven con una zona agrícola familiar de 1.6 hectáreas que es el promedio en el que vive una vaca en Colombia.

114 millones de hectáreas cubren el territorio nacional, con una representación rural del 94% y una urbana del 6%, que es equivalente a un 75% de los municipios del país, dejando el área rural con el 36% de la población colombiana.

En la Colombia Rural existen 39 millones de hectáreas para actividades pecuarias, actividades de ganadería extensiva, mientras que 3,4 millones de hectáreas son destinadas a la agricultura, no obstante, de los 39 millones solo 20 millones son aptas para este fin, en contraste, aunque en el país solo se utilizan 3,4 millones para la agricultura, existen 21 millones para esta vocación.

En el país rural el 13% de los propietarios tienen el 77% de la tierra y el 3,6% el 30%, un país que en un periodo no mayor a 25 años ha entregado 10.000 concesiones mineras que abarcan 5,8 hectáreas, tanto a la legalidad como a la ilegalidad.

Según el registro único de víctimas entre 1996 y 2002 más de 2 millones de personas fueron desplazadas por las incursiones y masacres paramilitares, donde solo el 17% regreso a sus tierras, las tierras restantes han sido adjudicadas a testaferros del paramilitarismo y el narcotráfico que hoy ocupan curules en el congreso de la república.

De lo que se han valido: Desplazamiento acompañado de muerte

Desplazamiento Forzado, Año 1985 a 2019

8.1 millones de desplazados.

1.116 municipios registraron expulsión de población como consecuencia del conflicto armado, lo que representa un 97% del territorio nacional.

Colombia es el país con mayor número de desplazados en el mundo, según la ONU entre enero de 2020 fueron desplazadas de manera forzosa 6.731 personas. Tumaco: 3.040 personas, Roberto Payan 1.078 personas y Ituango 842 personas. Departamentos más afectados en 2020: Nariño, Caquetá, Choco, Antioquia, N. Santander.

Lo que dejo el conflicto armado entre el año 1980 a 2012 en cifras de la fundación PARES (Paz y Reconciliación) no fue más que desolación.

Masacres:

  • 58,9% grupos paramilitares
  • 17,3% por guerrillas
  • 7,9% por fuerza publica
  • 14,8% por grupos armados no identificados
  • 0,6% por paramilitares y fuerza pública en acciones conjuntas
  • 0,4%por otros grupos

 

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