A lo largo de más de dos décadas se han presentado allí gravísimos despojos al patrimonio público, que podrían llegar fácilmente al billón de pesos o más.
1) El distrito de Barranquilla pasó de tener el 87% de las acciones en 1996 al 14,50% en la actualidad, perdiendo más de dos terceras partes de la empresa.
2) Según el procurador general Fernando Carillo otros desfalcos por corrupción sobrepasan los 334.000 millones de pesos (El Tiempo, 25 de marzo de 2018).
3) Para empeorar el agravio, el descalabro con los llamados activos intangibles, es decir, las mejoras en infraestructura y adelantos tecnológicos hechas con las tarifas de los usuarios, que están tasadas actualmente en $372.686 millones, el 57% de los activos totales, cuyo monto habría que pagarles a los españoles dueños de Inassa “en caso de llegar a su fin la concesión por cualquier motivo”.
Nadie puede desconocer que el servicio de agua que se presta en Barranquilla y otros catorce municipios del Atlántico es de buena calidad, lo cual es un derecho fundamental de los más de dos millones de usuarios. Pero en el último balance de la empresa se muestran falencias muy preocupantes, como las pérdidas de agua de más de 51%, de las más altas del país; la falta de tratamiento de aguas residuales, que empeoró 15% en el 2018, las cuales van, o al río Magdalena antes de llegar a la bocatoma del acueducto sin ningún tratamiento, o al mar Caribe vía la ciénaga de Mallorquín con un tratamiento precario. Además, se tienen las tarifas más altas de las ciudades capitales al haber aceptado la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) un esquema tarifario regional único en el país.
En estos momentos cursan investigaciones en España (Caso Lezo), en Colombia en la Fiscalía (Operación Acordeón) y en la Procuraduría General, que entabló una Acción Popular contra varias de las anomalías. Como Edmundo Rodríguez, directivo de Inassa S.A., confesó ante la Justicia española que por un falso contrato de asesoría técnica la trasnacional cobraba el 4,5% del recaudo mensual, suma que ya iba en $237.000 millones en octubre de 2017 cuando la Procuraduría lo suspendió, la Fiscalía General de Colombia determinó embargar las acciones de Inassa en la Triple A (82,16%) con fines de extinción de dominio y cambiar la composición de la junta directiva.
Las fuerzas vivas de Barranquilla, Atlántico y Colombia deben estar alertas y exigir que, aprovechando el proceso de extinción de dominio de las acciones de Inassa en la Triple A, el Estado le exija a la trasnacional española resarcirle los daños y perjuicios a Barranquilla, como también a los demás municipios y accionistas minoritarios, y le retorne la empresa al sector público. Quedaría pendiente el embuchado de los multimillonarios activos intangibles, que vienen subiendo año tras año y que, de terminarse la concesión, el distrito de Barranquilla tendría que pagarle a Inassa los $372.686 millones, por lo que se debe declarar caducada y eliminar esa cláusula leonina. Esto va a exigir tensionar las fuerzas sociales, gremiales, sindicales e institucionales en bien de millones de usuarios de todas las condiciones sociales y económicas y buscar una salida correcta para la prestación de estos servicios públicos esenciales como lo hicieron en otras ciudades de Colombia.
