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En reciente artículo, la revista The Economist caracteriza a Abelardo como un “extravagante populista de derecha”, “el nuevo sheriff de Colombia” que recurre al espectáculo, en medio de graves problemas de seguridad, gobernabilidad y defensa. Hasta ahí la cita.
Señalemos además que intenta desmontar las reformas avanzadas del gobierno anterior y pretende regalarle a Washington los recursos estratégicos del país. Presenta y defiende la Ley de Rescate Económico, siguiendo la lógica neoliberal de exonerar a los más ricos y aumentar impuestos a trabajadores y trabajadoras.
Busca eliminar conquistas y derechos sociales alcanzados en los últimos años, en especial para las mujeres trabajadoras. Responde al orden público con guerra y shows de la muerte.
En medio de la grave crisis humanitaria ocasionada por el terremoto, su esposa no da razón de los cuantiosos fondos internacionales recibidos.
Pero vamos al asunto de fondo. Desde hace dos semanas, los poderosísimos medios y las redes sociales han emprendido una “cruzada moral”, contra lo que llaman la “indignidad presidencial” del gobierno de Petro.
Frente al boom de información malintencionada y perversa, la periodista Cecilia Orozco señala con certeza que “jamás un presidente colombiano había sido tan brutalmente atacado, en su vida pública, privada e íntima”.
Se refiere a una estrategia “organizada para liquidarlo y (…) propiciar escenarios de linchamiento, intentos de asesinato en un atentado, de encarcelamiento a perpetuidad o de extradición a EEUU”. Lo denomina una “operación venganza”, adelantada por la ultraderecha.
Frente a este ataque masivo y coordinado, se peca por mala fe, pero también por moralina. No se entiende que la estrategia es parte del lawfare o judicialización de la política, adelantada con relativo éxito por EEUU y la ultraderecha latinoamericana durante las últimas dos décadas, para frenar el avance del progresismo y propiciar el aterrizaje de la ultraderecha fascista.
La destitución de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula en Brasil, la inhabilitación política de Cristina en Argentina, y la persecución a funcionarios del gobierno de Correa en Ecuador, incluida la última candidata presidencial, son apenas algunos casos.
El mecanismo utilizado es el mismo: se inventan o magnifican escándalos personales, errores, excesos, afirmaciones, disputas, controversias. Todo sirve. Se establecen conexiones con lo que se quiere mostrar y el aparato de propaganda las difunde a toda máquina. Poco importa que la investigación judicial posterior desmienta el escándalo mediático. Ya el daño está causado y la ultraderecha ha logrado su objetivo.
El caso de Petro se ajusta perfectamente a ese canon. En octubre pasado, Carlos Ríos, director del DAPRE (Departamento Administrativo de la Presidencia), señaló de la nada: “Le vamos a demostrar al pueblo colombiano cómo, lamentablemente, la Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente: no a gobernar, sino a todos los días parrandear allá (sic), llevar mujeres y generar lo que no deberíamos hacer nosotros, que es un protocolo de ejemplo”.
Cuatro días después, Deicy Jiménez, joven contratista del Estado desde el gobierno de Duque, denunció que había mantenido relaciones sexuales con Petro, a cambio de dichos contratos. La declaración apareció en la revista Semana, del grupo Gilinski, uno de los más poderosos del país y un fuerte aportante de la campaña de Abelardo.
El escándalo y la degradación de la información están ahora en todo su furor. Se conocen videos y chats morbosos, publicados por la misma denunciante, que circulan profusamente. Aunque evidencian la relación sentimental, que Petro no ha negado, no muestran conexión alguna con el delito del cual se le sindica. Señalemos también que la abogada de la contratista hace parte de De la Espriella Lawyers.
La Fiscalía abrió una indagación a partir de las denuncias, como primer paso para una posible investigación penal. La Corte Suprema también interviene.
El escándalo tiene un componente adicional que agrava la acusación al expresidente. Es claro que su relación con la denunciante es una relación de poder, evidentemente desigual.
Para los trabajadores en general, ser contratista del Estado implica carecer de estabilidad y de otros derechos laborales. Esta condición es particularmente difícil para las mujeres jóvenes, debido al peso de la sociedad patriarcal. La práctica de exigir favores sexuales a cambio de renovar un contrato está muy generalizada. Por supuesto que es un delito inexcusable, cuya denuncia y gravedad no pueden minimizarse.
No obstante, lo que hay hasta ahora es un juicio mediático orientado a acabar con el expresidente y, de paso, con el progresismo en Colombia. Tanto él como su abogado reiteraron su disposición de responder ante las autoridades judiciales.
A este escándalo habría que sumarle otro que también se ventila en los medios. La española Eva Ferrer, exconsejera del gobierno de Petro, hizo hace unos meses gravísimos señalamientos, también en la revista Semana, sobre la entonces esposa del presidente, Verónica Alcocer. La acusó de utilizar aviones oficiales para llevar maletas con droga a Venezuela y regresarlas con dinero para la campaña electoral.
Aunque Ferrer ha declarado en tres ocasiones ante la Fiscalía colombiana, no ha aportado prueba alguna que sustente las acusaciones. La última vez que lo hizo, anunció que viajaría a Washington para entregar pruebas a las autoridades estadounidenses.
Señalemos, por último, que la intencionalidad de estos escándalos generados por la ultraderecha es clara. Se trata de liquidar a Petro, incluso físicamente, si se puede, para impedir que el progresismo y la izquierda recuperen el gobierno.
En menos de un año se realizarán las elecciones territoriales y el golpe mediático y político le apunta a generar incertidumbre y desconcierto entre sectores importantes de la opinión pública. Es parte del show mediático.
Para alcanzar dicho objetivo, los medios del poder insisten en que el Pacto histórico debe considerar la conveniencia de que el expresidente se retire de su dirección. Ciertas declaraciones ambiguas al respecto contribuyen a echarle agua al molino de una supuesta crisis de liderazgo en dicha organización.
Ante la presión mediática, la bancada de mujeres emitió un pronunciamiento donde reiteró la defensa de los derechos de las mujeres, independientemente de quien sea señalado, su cargo o afinidad política. Señaló que las denuncias no se pueden ignorar ni minimizar y pidieron garantías de seguridad para la denunciante.
Exigieron también respetar el debido proceso y la presunción de inocencia de Gustavo Petro, indicando que corresponde a la justicia y no a juicios mediáticos determinar responsabilidades.
Sin embargo, el énfasis debe cambiarse. falta una denuncia contundente del Pacto sobre la conspiración en curso en contra del exmandatario y el peligro real de que lo extraditen o lo eliminen.
PS: Para el próximo jueves 19 está programada un paro nacional contra el gobierno de Abelardo.
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