Como se trata de empezar a construir el futuro del país, es hora de identificar prioridades, porque es absolutamente evidente que el posconflicto requerirá años de trabajo de todos. Como es conocido, es el área andina del país donde se ha concentrado el desarrollo nacional, con focos de pobreza y profunda desigualdad que deben atenderse, pero es evidente que el resto está lleno de demandas sociales, económicas, políticas, es decir, de toda naturaleza. El norte, sur, oriente y occidente de Colombia, se caracteriza por rezagos que generarán cada vez más protestas sociales justificadas, ahora que la presencia de las Farc deja de deslegitimar las demandas sociales. Durante los últimos 50 años, cualquier expresión pública de descontento se le atribuía a la interferencia de este grupo guerrillero, lo cual inhibía muchas de las movilizaciones de la sociedad con justa causa.
Por ello cuando la democracia colombiana puede fortalecerse precisamente por una mayor participación de la ciudadanía, es fundamental establecer la ruta de acción, antes de que el gobierno de turno se vea desbordado por la presión ciudadana. Una muy corta visita al departamento del Chocó, promovida por la Procuraduría General de la Nación, pone en evidencia que el gobierno nacional, obviamente acompañado por las administraciones locales, debería empezar a actuar, en tal vez la más compleja situación que enfrenta una de nuestras regiones más rezagadas y amenazadas.
Sin negar la pobreza inexplicable de áreas de la Región Caribe, la violencia de otras, como en Putumayo y Caquetá, las crisis de la población indígena del Cauca, entre muchas más, la verdad es que en el Chocó se dan todos los males nacionales al máximo grado posible: un inmenso rezago económico, ausencia del Estado a niveles impensables, azote de nuevas y viejas bandas de delincuentes, la más incontrolada minería ilegal que ha generado un paramilitarismo que protege a los dueños de estas actividades por fuera de la ley, y que son brasileros, mexicanos, antioqueños y cordobeses. Es decir, el conjunto de todos los males existentes en el país concentrados en una población de 500 000 habitantes. Textualmente, en el Chocó impera la ley de la selva, porque además, aunque hay líderes capaces, por una política perversa propia de nosotros, muchos de ellos ven detenidas sus posibilidades de acción porque las amenazas de todos los ilegales, les frenan sus posibilidades y deseos de cambio.
Textualmente, en el Chocó impera la ley de la selva,
porque, aunque hay líderes capaces, muchos de ellos
ven frenadas sus posibilidades de acción por las amenazas de todos los ilegales
Una prueba de ello es lo que está sucediendo en el río Atrato, hoy por fortuna beneficiario de una sentencia de la Corte que obliga a actuar al gobierno para salvarlo. Se ha perdido gran parte de las márgenes naturales del río y se ha llenado de islas, desde hace 15 años, generadas por la explotación de oro con unas retroexcavadoras, que además de llenar de mercurio sus aguas, acabaron con la pesca y además con el transporte fluvial. Estos poderosos mineros legales e ilegales ofrecen las escasas fuentes de empleo que tiene una población atemorizada, controlada y oprimida por bandas criminales y rezagos del ELN, entre otras. La minería ilegal, detrás de la cual también hay grandes compañías, acabó con esa explotación artesanal de recursos mineros que ha sido históricamente, la fuente de ingresos de muchas de estas comunidades.
Mientras esto sucede en su río más importante, que atraviesa gran parte de este departamento, sus municipios ribereños solo reflejan el profundo desequilibrio del crecimiento y desarrollo colombiano. Sitios donde el Estado no existe. Escuelas llenas de niños sin maestros suficientes, cuando los hay, recibiendo alimentos del famoso programa de alimentación escolar -PAE-, un plato con un poco de arroz y lentejas en una escuela relativamente nueva, pero sin el más mínimo mantenimiento. Lo anterior junto a la situación de adultos atemorizados porque les puede costar la vida relacionarse con quienes las bandas criminales pueden asociar con la autoridad legal.
Si este país quiere realmente empezar a ser una sociedad justa, encuentra en el departamento del Chocó, un reto inmenso y además un proyecto piloto para resolver todos los males de este país concentrados en este territorio y que se han profundizado en décadas de abandono estatal.
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