Desde el primer día de su periodo como presidente de los colombianos, a Iván Duque y a su canciller Carlos Holmes Trujillo les ha tocado enfrentar una agitada agenda internacional, producto de una compleja coyuntura regional y global.
Venezuela ha concentrado en gran parte la agenda exterior y es notable el éxito que ha tenido la Cancillería movilizando a la comunidad internacional para asistir con la creciente ola de emigrantes y refugiados venezolanos que día a día cruzan el puente Simón Bolívar en busca del futuro que les robó el socialismo del siglo XXI. Se logró no sin un importante esfuerzo articular una política migratoria común con países vecinos que habían amagado con convertir a Colombia en un “Estado tapón” a través de la exigencia de pasaporte a los venezolanos, medida ya retirada por Ecuador y Perú. Colombia ha logrado asegurar significativa colaboración económica para su plataforma financiera de ayuda a los refugiados y en la reciente asamblea general de la ONU el presidente Duque posicionó el tema de Venezuela en el centro de la agenda continental.
Acusar, como han hecho algunos, a Colombia de estrechar “demasiado” sus relaciones con Estados Unidos y por ende “ir de para atrás en sus relaciones internacionales” tiene un doble tufillo de “mamertismo” y dogmatismo. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, ha sido por décadas aliado de Colombia y nos ha extendido ayuda en diversos campos. Cuarenta y ocho millones de dólares prometió Washington como aporte a Colombia para los refugiados venezolanos, más que cualquier otro país. Es en el interés de Bogotá mantener cercanas relaciones con Washington, máxime cuando estamos obligados a enfrentar la siniestra herencia de más de 200 mil hectáreas sembradas de coca lo que se constituye en quizás la principal amenaza a la seguridad nacional de nuestro país. La clara advertencia del Secretario de Estado Mike Pompeo, ante la “movilización” de tropas venezolanas a la frontera que “Estados Unidos defenderá a sus aliados” es en sí misma de hondo calado.
El retiro de Colombia de Unasur fue una promesa de campaña del presidente Duque la cual cumplió en sus primeros días de mandato. El cadáver hediondo del organismo yace hace años en su sede en Quito de la cual está siendo desalojado por el presiente Moreno. Unasur fracasó en su misión establecida en el tratado constitutivo: “la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para la construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica y social y el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Miembros”. Unasur ha sido cómplice de la tiranía bolivariana y de la destrucción económica, social y política del más rico de los países del continente. No por nada seis países han “suspendido” su participación en el organismo.
Particularmente perversa fue la inacción de Unasur frente a la arbitraria expulsión de los colombianos de Venezuela en 2015, despojados de sus pertenencias, cuando ejercía la secretaría general Ernesto Samper. Colombia con su denuncia a este embeleco lulo-chavista ha actuado en principio. El pretender un alto cargo de clientelismo internacional como lo desea Argentina a través de obtener la secretaria general del organismo no lo hace mejor, no lo va a resucitar, ni hace quedar “sola” a Colombia.
Acusar a nuestro país de “aislarse” al no firmar la declaración de los países del grupo de Lima frente a la crisis venezolana es disparatado por decir lo menos y nuevamente con tufillo de dogmatismo. Los países no se aíslan porque manifiesten su desacuerdo con otros en asuntos específicos. Colombia es el país más afectado por la hecatombe venezolana y el no estar de acuerdo con una declaración inane, demuestra liderazgo y no por eso pierde la amistad de sus colegas del grupo de Lima. Liderazgo potenciado por la acusación presentada contra Maduro a la Corte Penal Internacional secundada por países suramericanos, Canadá y Francia. Otra promesa de la campaña de Duque hecha realidad para estrechar el cerco diplomático contra el tirano de Miraflores.
Así como se debe reconocer que el gobierno anterior tuvo éxitos en su política exterior: la eliminación de las visas a colombianos en varios países del mundo, la creación de la Alianza del Pacífico, el ingreso a la OECD y el apoyo al proceso de paz, le deja al gobierno Duque un comprometido legado en el diferendo con Nicaragua tras los bandazos que dio en la relación con la Corte Internacional de Justicia y un acuerdo de paz que enfrenta dificultades de toda índole lo cual tiene implicaciones en el terreno internacional. El acto final de Santos de extender un reconocimiento clandestino a Palestina como Estado en contravía a la política tradicional de Colombia frente al tema y del cual nos enteramos los colombianos por un comunicado de una misión extranjera acreditada en el país, forzó a la administración Duque en su primer día de gobierno a tomar posición en un tema de altísima sensibilidad internacional. Es de esperar que el impase diplomático con Israel, aliado y amigo de Colombia, se supere para beneficio de ambos países.
La política exterior de un Estado democrático tiene como objetivo defender y promover los intereses supremos de la nación. Esta se cimienta por un lado sobre un norte en asuntos específicos: comercio, seguridad colectiva, alianzas, cooperación, expatriados, reputación internacional, multilateralismo y defensa de principios y por otro, la necesidad de enfrentar coyunturas complejas sobre las cuales no se tiene control alguno y que aparecen sin previo aviso. En sus primeros meses de gobierno el presidente Duque ha maniobrado con propiedad el complejo entorno internacional con el que se ha topado.
