Al escribir este artículo evidencié la creciente preocupación de numerosos sectores de la sociedad colombiana y de la academia en torno a la situación política actual de creciente inconformidad de diferentes sectores de la población con respecto a la seria vulneración y amenaza de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, lo que por supuesto ha originado un clima de convulsión social sin precedentes.
La precariedad de la democracia pero en particular la socavación a la que ha sido sometido el Estado social de derecho recientemente se manifiesta en una serie de hechos concretos que de una u otra forma deslegitiman políticamente las garantías que el Estado debe asegurar para permitir que los ciudadanos accedan a lo que se supone son las condiciones de vida humana dignas, principalmente de los sectores más vulnerables, con relación a la salud, el empleo, la educación, la vivienda, la tierra, la alimentación y la vida misma (esta última drásticamente aniquilada en un país que ya contabiliza más de 230 líderes sociales asesinados a lo largo y ancho del territorio).
Un claro ejemplo de lo planteado anteriormente es la situación acaecida con el paro del 21 de noviembre de 2019 y también la respuesta gubernamental a las exigencias del pliego de peticiones (constituido por 120 puntos y 13 ejes temáticos neurálgicos). Estos denotan no solo un contexto político de polarización de diferentes fuerzas sociales, sino también un proceso creciente de criminalización y judicialización de la protesta social asociado con la preservación y cumplimiento efectivo de “ley de seguridad ciudadana” (que entro en vigencia con la expedición de la Ley 1453 del 2011), bajo cuyos preceptos se concibe la lucha iniciada por amplios sectores de la población como un delito susceptible de ser penalizado. De esta manera, el derecho penal deviene en instrumento del poder para controlar y mantener el orden establecido, cumpliendo así una función política e ideológica que soslaya los principales principios liberales y democráticos que debieran informar su práctica, constituyéndose así un paradigma autoritario de Estado en franca contravía con el Estado de derecho que pregona de manera formal la Constitución de 1991.
En efecto tal y como lo señala Friedrich Welsch, Colombia se acerca peligrosamente a una forma política de Estado totalitario en el sentido de constituirse en un régimen político que suprime de facto las garantías de libertades civiles. En tal sentido, cobra expresión material lo que algunos autores han denominado al amparo del estado de excepción la “guerra civil legal”, que permite la eliminación física no solo de los adversarios políticos, sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón no sean integrables al sistema político.
Las acciones adoptadas por el gobierno de Iván Duque, tales como su política de lucha contrainsurgente contra las drogas, el decreto de incautación policial de la dosis mínima de marihuana (que vulnera derechos individuales), el desmantelamiento de los procesos de paz, los preparativos bélicos (cuya intencionalidad es generar un conflicto de impredecibles consecuencias con Venezuela), la inoperancia de los organismos responsables para terminar definitivamente el exterminio de los líderes sociales, la reactivación de la guerra contra el ELN, las reformas a la justicia para cercenar la independencia de los jueces y el alineamiento a las posiciones del presidente Donald Trump confirman que existe un proyecto político ideológico demarcado por la supresión de esas libertades civiles dirigido a cumplir con los designios de organizaciones internacionales como la OCDE y poderosos intereses económicos y políticos asociados al gran capital trasnacional.
De otro lado, el reciente escándalo que vincula al gobierno con labores de espionaje contra magistrados, periodistas y congresistas de la oposición ha significado violaciones sistemáticas a la intimidad y al ejercicio de la actividad política. También, el riesgo a la vida de estas personas, lo que sin lugar a dudas amerita una seria investigación y condena ejemplar a los responsables de tales acciones. Este conjunto de situaciones no refleja más que la incapacidad y total inoperancia del Estado colombiano para enfrentar y dar solución a las problemáticas sociales recurriendo a formas de violencia paraestatales que amenazan con socavar definitivamente los pilares en los que se fundamenta el Estado social y democrático de derecho.
