Una falsa certificación bancaria fue la punta de iceberg para destapar las irregularidades en el billonario contrato que le entregó el Ministerio de las TIC a Centros Poblados. Según el representante legal del consorcio, fue gracias al empresario Jorge Alfonso Molina García que Centros Poblados consiguió la certificación del banco Itaú para presentarla como respaldo financiero durante la licitación.
Molina García está siendo investigado por su rol como intermediario y para armar su defensa jurídica contrató al abogado Felipe De Vivero. Lo inquietante es que De Vivero fue el mismo que estructuró el pliego de la licitación por $1.07 billones. La lupa de la Contraloría ahora está sobre este prestigioso abogado, fundador del bufete De Vivero & Asociados, profesor de los Andes y desde 2018 alto asesor jurídico de la Dirección de Infrestructura del Ministerio de las TIC y del despacho de la propia ministra Karen Abudinen, pues las claves para entender por qué el contrato terminó en manos de Centros Poblados, que a todas luces no tenía la capacidad para ejecutar el contrato y superó a poderosas empresas como China Great Wall Industry, ETB o Skynet, estarían en la estructuración de dicha licitación.
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