El magistrado José María Amenta volvió a darle un respiro a Gustavo Petro. En medio de los cuestionamientos por la vinculación de su esposa a la nomina del distrito a través de la empresa de acueducto, el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó una segunda acción popular que busca salvaguardar los derechos políticos del primer mandatario de los bogotanos.
En la primer providencia (ver) proferida en la tarde de ayer, el magistrado Armenta ordenó al presidente Santos que se frenara la destitución del alcalde, mientras en un termino de 10 días, estudia los argumentos presentados, tanto por la defensa del alcalde como por la procuraduría y toma una decisión de fondo en el caso.
Por ahora, todas las miradas están puestas sobre el magistrado Armenta y hay gran expectativa por la decisión que pueda tomar frente a esta segunda acción tutela, en la que los abogados del alcalde argumentan que a Petro se le “vulneraron los derechos fundamentales constitucionales de elegir y ser elegido”, de tal suerte que piden que se tumbe la sentencia de la Procuraduría.
Ya son más de 40 acciones populares que se han presentado ante este alto tribunal, luego de que este lunes el procurador Alejandro Ordóñez ratificara la destitución e inhabilidad de 15 años contra Gustavo Petro, por la puesta en marcha de un nuevo esquema de aseo en la capital de la República. El alcalde ha recurrido a la movilización ciudadana y los recursos legales a los que tiene derecho para ganar un pulso del que depende su futuro político.
