Claro, la Corte Constitucional se quitó un piano de encima (así se lo dijo Alejandro Linares, presidente de esa Corte a una agencia de noticias nacional), pero le puso sin ningún pudor una guillotina directamente al cuello de niñas, niños y adolescentes que fueron violados y ultrajados sexualmente por guerrilleros, paramilitares y miembros de las fuerzas armadas en el marco del conflicto armado. Es como un simple: niños, niñas y jóvenes de Colombia que fueron violados su deseo de justicia no vale nada, tienen por obligación que perdonar, abrazar y reconciliarse con esos violadores porque si no ustedes son apátridas, malvados y enemigos de la paz. ¡Que tal eso!
Esa parece una postura irracional y sobretodo inhumana, el haber puesto los puntos del acuerdo de paz entre Santos y las Farc por encima de la justicia real para niños violados. Tienen razón los millones de colombianos que lo han expresado últimamente en muchos escenarios, este tipo de decisiones de la “justicia” nos muestran como una sociedad enferma.
No podría ser esa una conclusión más triste de las entrevistas a distintos medios de comunicación concedidas por el presidente de esa Corte, en lo relacionado con la competencia exclusiva de la Justicia Especial para la Paz frente a imponer sanciones —en extremo mucho más blandas y meramente simbólicas (alternativas, las llaman)— para tan execrables delitos contra menores, en el marco del conflicto armado. Ello, frente a la posibilidad de que el Congreso aplicara para ese tipo de abusos el Código Penal y las penas allí contempladas.
No se sabe si sentir rabia o indignación al leer explicaciones dadas por al magistrado sobre que para las sanciones por violaciones contra niños es inconstitucional que se aplique el Código Penal, “porque el acuerdo y el acto legislativo 01 de 2017 ya establecía cuáles eran las sanciones que podía aplicar la JEP, y esas sanciones son las propias, las alternativas y las ordinarias”.
Y que por eso el Congreso no podía introducir nuevas, es decir, las que contempla el Código Penal para todos los colombianos, menos para ellos, ya que no tenía competencia para modificar sanciones reguladas ya en detalle en el acuerdo. Como dicen los jóvenes, ¿es en serio, magistrado?
Pero lo peor es la siguiente respuesta, al precisar que los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes están hoy en el Código Penal siempre y cuando no estén relacionados con el conflicto armado. En plata blanca, que hay pederastas de primera y de segunda en Colombia, que los importantes y a quienes hay que proteger en sus penas son a ellos y no a los niños. Por Dios.
Esos delitos sexuales en el marco del conflicto son para las penas acordadas entre Santos y las Farc como sanciones propias, alternativas u ordinarias, y queda claro en la explicación del presidente que las llamadas propias tendrán restricción efectiva de la libertad de 5 a 8 años en centros penitenciarios y las alternativas en una granja agrícola, por ejemplo. O sea sí, hay violadores de primera y de segunda, y lo importante es si violó en el marco del conflicto armado o no, y no el daño que le hizo al niño que violó. Que tal el precedente jurídico.
Pero cuando el tema ya está quedando más en blanco y negro, el vocero de la Corte insiste en que la Constitucional solo se limitó a pronunciarse sobre la competencia del Congreso para introducir penas adicionales a las establecidas en el acuerdo final, una especie de lavada de manos.
Creo que los colombianos en su gran mayoría tenemos un enorme respeto y aprecio por la Corte Constitucional, admiración por varias de sus posturas frente a temas álgidos del acontecer nacional, la reivindicación que ha hecho del poder del ciudadano, eso es innegable; pero es por fallos como este donde se preguntan en qué y quién piensa la Corte con este tipo de posturas, porque pareciera que no es en el país, no es en la justicia ni mucho menos en los derechos de los menores. El país y los menores violados por excombatientes tienen una razón de peso para estar tristes y desilusionados. Gracias Corte.
