Apareció por fin la lista de personas que integrará el tribunal de la Paz. Esa figura diseñada en el acuerdo de La Habana para juzgar a quienes hicieron parte del conflicto que sufrimos por cincuenta años y en el que se cometieron todo tipo de delitos. Por lo tanto, la tarea que le espera a la JEP no será fácil, ni grata; tendrá que juzgar por igual a guerrilleros y agentes del Estado, pero sobre todo tendrá que demostrar que, así se hayan concedido beneficios, el acuerdo no es para la impunidad, sino para la verdad y la reparación.
Claro, tan pronto se dieron los nombres, empezaron las críticas de lado y lado. A la derecha no le parecieron bien que algunos juristas hubieran tenido relación con temas de derechos humanos y a la izquierda, no le gustaron los que estuvieron vinculados a la justicia penal militar. Contra, Roberto Arango, por ejemplo, se lanzaron los del Centro Democrático para descalificarlo porque se habría referido, en sus columnas de opinión a su jefe Álvaro Uribe.
Posiblemente sobre la trayectoria de cada uno o una de las integrantes, se podrían sacar elementos que llevara a descalificar su nombramiento. Lo importante es que estas objeciones no sean del mismo tipo que las que se han hecho contra los magistrados corruptos de la Corte Suprema. La justicia transicional para la paz, puede tener integrantes con distintas inclinaciones ideológicas, pero no puede tolerar el menor indicio de corrupción. Eso sería el acabose.
La justicia transicional para la paz,
puede tener integrantes con distintas inclinaciones ideológicas,
pero no puede tolerar el menor indicio de corrupción
Lo que no se puede desconocer es que en el listado hay equilibrio, personas de muy distinta procedencia, lo que representa en sí mismo una garantía para quienes sean juzgados por este tribunal. Lo grave sería lo contrario, el unanimismo que desembocaría necesariamente en la parcialidad a la hora de los juicios.
Los tribunales colectivos no juzgan según el criterio de una persona. Son, por el contrario, producto de la deliberación colectiva y la votación informada. De manera que en esas instancias no es la visión personalizada de sus miembros, sino la conformación de un consenso, entre personas diversas, que en este caso son todas de altísima calificación académica y méritos personales.
La JEP se regirá por las normas legales que se establezcan en el Congreso de la República y bajo las directrices superiores del acuerdo de paz. De manera que no hay que temerle a la diversidad de orientaciones de los y las integrantes, por el contrario, eso servirá para apuntalar la paz, no para debilitarla.
Por supuesto que desde las distintas partes interesadas en el proceso pueden salir nombres y más nombres para la magistratura. Decir que tal o cual persona hubiera sido mejor que las que allí están. Pero eso sería un ejercicio perverso, que podría desembocar en que quienes vayan s ser juzgados, escojan sus jueces.
Allí están los que ya se escogieron con un mecanismo complejo de selección, ahora hay que apoyarlos, pero manteniendo una mirada vigilante y crítica, de manera que aparezcan colador bandidos, como lo han hecho en los otros altos tribunales.
Finalmente, la JEP será una instancia de cierre, que tendrá límites al imponer sanciones, pero que sentará las bases para dos temas definitivos en la consolidación de la paz: conocer la verdad, desde el punto de vista judicial y lograr la verdadera reparación de las víctimas. Ninguno de sus integrantes podrá utilizar su investidura para venganzas o lucros personales, pues tienen demasiados ojos encima y reglas muy estrictas para los procedimientos legales. Así que dejemos que trabajen y que llelgue la tan esperada Justicia para la Paz.
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No hay que temerle a la diversidad de orientaciones de los y las integrantes; eso servirá para apuntalar la paz, no para debilitarla
