Mientras presenciamos la intensificación de los efectos de la crisis climática, directamente relacionada con el uso de combustibles fósiles, como demuestra informe tras informe la comunidad científica, el gobierno Duque recibe aplausos internacionales con un discurso fachada, que en realidad esconde las oscuras políticas que promueve en el país. El más reciente ejemplo se dio con sus intervenciones en la Cumbre de los Océanos, ponderadas en Francia la semana anterior, al hablar del objetivo de reducción del 51 % de las emisiones del país a 2030. Promesa vacua cuando se insiste en proyectos como “Flamenco”, de sísmica petrolera, o en la modificación del plan de manejo ambiental del distrito de Mares, o el afán de acelerar el trámite de licencia ambiental para los pilotos de fracking en medio de amenazas de muerte a activistas que se oponen. Estas acciones buscan incrementar la extracción de hidrocarburos en el Magdalena Medio, de petróleo y gas cada vez más contaminantes, que terminarían de debilitar las condiciones de los ecosistemas de los que depende la región, y promovería inversiones en contravía del camino que está tomando el mundo. Vale la pena ahondar, más allá de la preocupación ambiental, en el riesgo que estos proyectos imponen al futuro económico colombiano.
La sólida evidencia sobre la relación entre uso de hidrocarburos (ver columnas anteriores) y crisis climática, que implica la necesidad de dejar la mayor parte de las reservas fósiles sin explotar, tiene repercusiones en el mundo financiero. Los escenarios que plantea la Agencia Internacional de Energía (IEA) en su último informe, por ejemplo, asumen la suspensión de la exploración de combustibles fósiles y el desarrollo de nuevos campos desde 2022, lo que implicaría una caída en la demanda de hidrocarburos en el corto y mediano plazo, asociada a restricciones ambientales. Ante la urgencia de acción efectiva frente a la crisis, y la inevitabilidad de la transición energética, los inversores exponen sus capitales al financiar proyectos fósiles que requieren enormes cantidades de dinero inicial, con retornos cada vez más inciertos. Las inversiones en este tipo de negocios generarían “activos varados” (stranded assets), definidos como aquellos que sufren amortizaciones, devaluaciones o conversiones imprevistas o prematuras a pasivos, debidas a restricciones ambientales, en este caso, asociadas a la crisis climática. Puesto que el uso de hidrocarburos debe caer, una menor demanda significa precios más bajos, y por tanto, mayor competencia por un mercado con menos espacio para nuevos proyectos (más intensivos en emisiones de CO2).
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A la magnitud del desastre en la región, se suma que todas las inversiones se transformen, en corto plazo, en activos varados, que llevarían, inevitablemente, a la quiebra de Ecopetrol
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Para el director del Programa Latinoamericano de Energía de la Universidad Rice (Texas, EE.UU.), Francisco Monaldi, se trata de un proceso inevitable, que afectará con más intensidad a los países con mayor dependencia de la extracción de hidrocarburos. Para Colombia, el experto indica que con un 32 % de exportaciones provenientes de la venta de hidrocarburos, la situación es crítica ante los altos costos de extracción de las pocas reservas convencionales. Monaldi afirma que, en el caso colombiano, "la dependencia del petróleo representa un riesgo en cualquier escenario". Aquí se toca un punto fundamental, y es el tipo de reservas que se pretenderían explotar en el país: de yacimientos no convencionales mediante fracking, con costos de extracción aún mayor a los actuales. Según la investigación de Carbon Tracker Initiative, usando como precio base por barril 50 dólares, en un escenario de políticas restrictivas, el descenso de la participación del petróleo y gas provenientes de la explotación de no convencionales mediante fracking, caería en un 86 %. En el mismo informe se evidencia el peligro al que se enfrenta Ecopetrol, al perder más del 75 % de su participación en el mercado en un escenario restrictivo como el que se avecina.
Las pretensiones del gobierno Duque, solamente en la región del Magdalena Medio, incluyen el mencionado proyecto sísmico Flamenco, de 312 km2 que afectaría a San Pablo, Cantagallo, Puerto Wilches y Sabana de Torres, en busca de reservas que no se podrán desarrollar; la modificación del PMA de Mares, que entre otros tiene como objetivo perforar más de 1.000 pozos, y la inyección de 206 millones de litros de agua por día en campos en declive; y el fracking, que según la “Comisión de expertos” contratada por el gobierno, implicaría más de 12.000 pozos en su etapa comercial, que podrían utilizar cada uno los mismos 47 millones de litros de agua por pozo que pretenden contaminar en cada piloto. A la magnitud del desastre que se vislumbra en la región, debemos sumar la posibilidad concreta de que todas estas inversiones se transformen, en el corto plazo, en activos varados, afectaciones económicas que llevarían, inevitablemente, a la quiebra de Ecopetrol. Este es el legado que se nos pretende imponer, del que Duque evita hablar en el exterior. En un momento electoral decisivo, es fundamental votar por candidatas y candidatos, a Congreso y Presidencia, comprometidos con la protección de la vida, determinadas y determinados a trazar un plan efectivo de disminución gestionada de la dependencia de los combustibles fósiles, que como vemos, es el único camino posible.
