Es es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas
A la hora de defender sus privilegios, la oligarquía colombiana y sus testaferros políticos no se ponen con medias tintas ni rodeos. El gobierno de Abelardo de la Espriella ha decidido emprender una gigantesca operación de rescate de los intereses del gran capital financiero, los conglomerados empresariales y las élites económicas, trasladando los costos de la crisis fiscal a los trabajadores, las clases medias y los sectores populares.
El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, han presentado ante el Congreso de la República la llamada Ley de Rescate Económico, con el argumento de enfrentar el déficit fiscal, el endeudamiento público y los supuestos excesos del gasto estatal.
Pero detrás de tal palabrerío se esconde una gigantesca operación de reestructuración ultraliberal y libertaria del Estado colombiano, orientada a reducir su capacidad de intervención social, disminuir sus responsabilidades públicas y garantizar mayores beneficios para los sectores más poderosos y voraces de la economía.
No estamos ante un simple rescate fiscal. Estamos ante una reforma tributaria regresiva y un proyecto de reorganización reaccionario del Estado que amenaza los derechos sociales consagrados en la Constitución de 1991.
El gobierno pretende justificar semejante arremetida con el anuncio de una inminente catástrofe financiera, con default incluido. Restrepo y Gómez han advertido que, de no aprobarse la ley, Colombia podría enfrentar un cese de pagos, es decir, una suspensión de pagos de sus obligaciones financieras.
Se trata de una advertencia que exige demostraciones rigurosas. La existencia de un déficit fiscal no significa necesariamente que el país se encuentre al borde de la insolvencia, ni justifica que la solución deba consistir en aumentar los impuestos a los trabajadores mientras se reducen las obligaciones tributarias del gran capital, especialmente de los bancos.
La crisis fiscal no puede convertirse en una coartada para imponer una política de regresión social.
El FMI sale al rescate del gobierno.
El respaldo expresado por el Fondo Monetario Internacional a la iniciativa gubernamental confirma la afinidad de la reforma con las orientaciones tradicionales de los programas de ajuste estructural promovidos por los organismos financieros internacionales.
El FMI ha recibido favorablemente la presentación del paquete fiscal, al considerarlo un paso importante para enfrentar los desequilibrios de las finanzas públicas.
No sorprende semejante pronunciamiento.
Durante décadas, el FMI ha promovido políticas de austeridad, reducción del gasto estatal, privatización de activos públicos y ampliación de impuestos indirectos para garantizar la sostenibilidad de la deuda y la confianza de los mercados financieros.
Aunque ese respaldo no demuestra que el organismo haya impuesto cada disposición del proyecto, sí revela una coincidencia fundamental en la orientación de la política económica.
El gobierno de De la Espriella pretende tranquilizar a los acreedores, las calificadoras de riesgo y los inversionistas financieros mediante una operación que amenaza con deteriorar las condiciones materiales de existencia de millones de colombianos.
La prioridad parece ser garantizar la rentabilidad del capital y el cumplimiento de las obligaciones financieras, mientras las necesidades sociales quedan subordinadas a los imperativos de la austeridad.
Se pretende salvar las finanzas públicas sacrificando el bienestar de quienes viven de su trabajo.
Una reforma tributaria contra los trabajadores.
El corazón de la Ley de Rescate Fiscal es una gigantesca reforma tributaria que modifica el IVA, el impuesto de renta, las contribuciones al sistema de salud y los beneficios tributarios de las empresas.
Uno de sus aspectos más lesivos consiste en eliminar, a partir de 2028, la tarifa reducida del IVA del 5 % para numerosos productos de consumo cotidiano, que pasarían a pagar el 19 %.
El café, el azúcar, los aceites comestibles, las pastas, las harinas y el chocolate figuran entre los productos afectados.
También se propone modificar las exclusiones y exenciones de determinados alimentos, incluyendo legumbres, frutas, verduras y algunos productos lácteos.
La consecuencia previsible será un incremento de los precios que pagan los consumidores, con efectos especialmente graves sobre los hogares que destinan la mayor parte de sus ingresos a la alimentación.
El gobierno anuncia un mecanismo de devolución del IVA denominado EfectIVA para compensar a los sectores más vulnerables. Sin embargo, estas compensaciones no garantizan que todos los afectados recuperen oportunamente los mayores impuestos pagados, especialmente en una economía caracterizada por la informalidad comercial y las dificultades de acceso a los mecanismos de devolución.
El problema es de fondo: resulta socialmente inadmisible encarecer los alimentos esenciales para después prometer compensaciones administrativas.
A esta arremetida se suma la ampliación del impuesto de renta a personas naturales con ingresos medios y el incremento de las cotizaciones obligatorias al sistema de salud.
Los trabajadores dependientes que actualmente aportan el 4 % de su salario podrían enfrentar tarifas progresivamente superiores, hasta llegar al 8 % en determinados niveles de ingresos.
Los independientes también tendrían que asumir mayores contribuciones.
Se trata de una disminución directa del ingreso disponible de los trabajadores, que afectaría el consumo de los hogares y podría debilitar el mercado interno.
El gobierno pretende que los trabajadores paguen más impuestos, aporten más a la salud y compren alimentos más caros para financiar un ajuste que simultáneamente concede beneficios al gran capital y a los banqueros.
Los regalos tributarios a los grandes capitales
La contradicción más escandalosa de la reforma aparece en el tratamiento tributario de las grandes empresas y los patrimonios elevados.
Mientras el gobierno exige sacrificios a los trabajadores, propone reducir la tarifa general del impuesto de renta empresarial del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028.
También contempla modificaciones favorables a determinados grandes patrimonios.
Adicionalmente, el proyecto propone crear el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial, conocido como RUGE, mediante el cual ciertas inversiones de gran magnitud podrían acceder a una tarifa especial de renta del 20 % durante dieciséis años.
El beneficio estaría dirigido a proyectos que cumplan exigencias de inversión suficientemente elevadas para excluir a buena parte de los pequeños empresarios.
Por otra parte, se propone permitir la normalización de activos omitidos y pasivos inexistentes mediante el pago de una tarifa especial del 15 %, bajo determinadas condiciones.
Este tratamiento plantea serios interrogantes sobre la equidad tributaria y la justicia frente a quienes han cumplido oportunamente sus obligaciones fiscales.
Las críticas de la oposición en cabeza del Pacto Histórico han puesto de presente los beneficios que podrían recibir grandes conglomerados bancarios y empresariales como consecuencia de estas modificaciones.
Las cifras concretas de esos beneficios requieren verificación, pero la orientación distributiva de la reforma resulta suficientemente preocupante para el grueso de la población.
¿Por qué reducir impuestos a las grandes empresas cuando el gobierno afirma que necesita urgentemente mayores ingresos?
¿Por qué ampliar las obligaciones de los asalariados mientras se crean tratamientos preferenciales para grandes inversionistas?
La respuesta política parece evidente: la llamada Ley de Rescate Fiscal pretende proteger la acumulación del gran capital trasladando una parte considerable del ajuste a los trabajadores y consumidores.
La ofensiva contra el Estado social de derecho.
La reforma también contiene una operación de reducción del aparato estatal de enormes proporciones.
El proyecto contempla disminuir el gasto de personal del Presupuesto General de la Nación en un 20 % para 2028, con determinadas excepciones, y reducir en un 50 % los costos de contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión durante 2027.
Adicionalmente, el Ejecutivo busca facultades extraordinarias para fusionar, suprimir y reorganizar entidades públicas, modificar estructuras administrativas y revisar fondos y transferencias estatales.
Bajo el discurso de la eficiencia administrativa se pretende adelantar una transformación que podría debilitar las capacidades institucionales del Estado.
Por supuesto, es necesario combatir la corrupción, el despilfarro, el clientelismo y la utilización indebida de los recursos públicos.
Pero una cosa es eliminar gastos injustificados y otra muy distinta reducir indiscriminadamente las instituciones encargadas de garantizar derechos sociales.
La disminución de personal y contratos puede afectar la ejecución de políticas públicas relacionadas con la salud, la educación, la protección ambiental, el desarrollo rural, la atención de víctimas y la infraestructura social.
La Constitución de 1991 estableció un Estado social de derecho comprometido con la dignidad humana, la solidaridad, el trabajo y la prevalencia del interés general.
Ese mandato constitucional no puede quedar subordinado a una concepción fiscalista que reduce la función pública a un problema de costos administrativos.
Lo que necesita Colombia no es un Estado más débil frente a los poderosos, sino un Estado más eficiente, democrático y comprometido con los derechos de las mayorías.
Las contradicciones de la ultra derecha.
La Ley de Rescate Fiscal ha provocado fuertes contradicciones incluso entre los sectores políticos que respaldan al gobierno.
Dirigentes del Centro Democrático y otras expresiones de la derecha han cuestionado el incremento de impuestos a la clase media, aunque mantienen su respaldo a los recortes del aparato estatal y a los beneficios tributarios empresariales.
Esta contradicción refleja las dificultades de un gobierno que llegó al poder prometiendo reducir impuestos, estimular la inversión y mejorar las condiciones económicas de los ciudadanos.
Ahora pretende imponer mayores gravámenes sobre el consumo, la renta personal y las contribuciones laborales.
El costo político puede ser considerable.
La clase media, que constituye una parte importante de la base electoral del gobierno, podría convertirse en uno de los sectores más afectados por las nuevas obligaciones tributarias.
La reforma amenaza así con profundizar las contradicciones entre las promesas electorales de De la Espriella y las decisiones económicas de su administración.
El fantasma del estallido social de 2021.
La ofensiva fiscal del gobierno ha despertado el recuerdo del estallido social de 2021.
En aquella oportunidad, el gobierno de Iván Duque y su ministro Alberto Carrasquilla intentaron imponer una reforma tributaria que provocó una gigantesca movilización popular y un inédito estallido social.
Millones de colombianos participaron en protestas, concentraciones y jornadas de resistencia democrática contra una política económica que consideraban injusta; la misma que fue reprimida con violencia y sangre por el aparato policial represivo de Duque.
Cali, Bogotá y numerosas ciudades se convirtieron en escenarios de una confrontación social que terminó provocando el retiro de la reforma y la renuncia de Carrasquilla.
Pero las causas estructurales de aquel estallido no desaparecieron.
La desigualdad, la concentración de la riqueza, la precariedad laboral, el desempleo juvenil y las dificultades económicas de millones de hogares continúan alimentando el malestar social.
Ahora, la reforma de De la Espriella amenaza con reactivar esas contradicciones y la rabia social.
El próximo 19 de noviembre aparece como una fecha de referencia para una eventual nueva etapa de movilización popular contra la Ley de Rescate Fiscal, aunque las convocatorias y su alcance deberán confirmarse.
Las centrales obreras, organizaciones sindicales, movimientos estudiantiles, asociaciones campesinas, los cocaleros, las mujeres y sectores populares podrían converger en una temprana protesta nacional contra las medidas gubernamentales, que puede ir escalando hasta alcanzar la estabilidad y continuidad de este gobierno reaccionario.
No puede anticiparse que se repetirá exactamente el estallido de 2021. Sin embargo, existen condiciones para una movilización social de considerable intensidad que ira fortaleciendo con los días su contundencia política.
La respuesta del gobierno será decisiva.
La protesta pacífica constituye un derecho constitucional que debe contar con garantías efectivas, sin estigmatización, criminalización ni utilización desproporcionada de la fuerza pública como lo pretende el anunciado Estatuto de seguridad antiterrorista de Abelardo asociado con el Escudo de las Americas.
La experiencia de 2021 dejó enseñanzas dolorosas sobre los riesgos de responder al descontento social mediante la violencia policial.
¿Rescate fiscal o rescate de la oligarquía?
Colombia necesita enfrentar sus desequilibrios fiscales, combatir la evasión tributaria, racionalizar el gasto público y fortalecer sus ingresos permanentes.
Pero estas tareas no justifican una reforma que aumenta las cargas sobre los trabajadores mientras concede tratamientos favorables a grandes empresas, a las multinacionales petroleras y a los grandes patrimonios.
Una política fiscal verdaderamente democrática debería fortalecer la progresividad tributaria, revisar los privilegios injustificados, proteger la producción nacional y garantizar la financiación de los derechos sociales.
El gobierno de Abelardo de la Espriella ha escogido otro camino.
Su propuesta representa, desde esta perspectiva, una operación de rescate de los intereses oligárquicos mediante el debilitamiento del Estado social y el traslado de los costos del ajuste a las mayorías nacionales.
El 19 de noviembre será una primera prueba de la profundidad del rechazo ciudadano y de la Oposición popular a esta orientación económica.
El gobierno debería recordar que las sociedades no reaccionan únicamente frente al aumento de los impuestos. También reaccionan frente a la injusticia, la desigualdad y la arrogancia de quienes pretenden imponer sacrificios a los sectores populares mientras preservan los privilegios de los poderosos.
Abelardo pretende rescatar a la oligarquía con los recursos de los trabajadores y las familias colombianas.
Pero la memoria del estallido social de 2021 permanece viva.
Y la gran pregunta que deberá responder el país es si aceptará una nueva operación de ajuste regresivo o si la movilización democrática obligará al gobierno a retirar su reforma y rectificar su política económica.
Porque una cosa es rescatar las finanzas públicas y otra muy distinta es rescatar los privilegios de los ricos empobreciendo a los colombianos.
También le puede interesar:
Anuncios.
