Nueve magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema fueron citados a declarar en el Congreso de la República la próxima semana, dentro de la investigación que se adelanta contra varios togados por cobrarle plata a un importante número de parlamentarios que tenían procesos en el alto tribunal.
Una noticia de esta magnitud es, de por sí, vergonzosa. En una democracia, los jueces existen para hacer cumplir las leyes y los congresistas para proponerlas o reglamentarlas pero, en Colombia, no es así porque es tal el grado de corrupción que varios integrantes, de ambas corporaciones, se confunden en una maraña extorsiva sin escrúpulos que se investiga mutuamente.
Cuántos ciudadanos habrán muerto, sin recibir justicia, porque sus procesos reposan o durmieron en los escritorios de los honorables togados que el único afán que tenían era raparle de las manos parte de la tajada que los paralamentarios se habían apropiado en procesos contractuales. Muchos, creería.
Lo peor es que, como un escándalo tapa otro y las culpas son personales, indiciados de hoy ya tienen dos o tres reemplazos, en su círculo cercano, para poder prolongarse en nuestras instituciones y continuar tejiendo la telaraña que nos envuelve, enceguece y paraliza para que no reaccionemos como sociedad.
