La zancadilla de los trabajadores a la entrada de Colombia a la OCDE

Las centrales obreras demostraron los riesgos de los sindicalizados y frenaron el ingreso sin que Catalina Crane, la responsable en París, pudiera hacer nada

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abril 24, 2017
La zancadilla de los trabajadores a la entrada de Colombia a la OCDE

Colombia está entre los 10 países más peligrosos del mundo si perteneces a un sindicato según el informe de Confederación Internacional Sindical, que está avalado por las tres centrales de trabajadores CUT, CTC y CGT y que presentaron ante el Comité de empleo, trabajo y asuntos sociales de la OCDE, Organización de Cooperación al desarrollo económico.  Al comité le llegó también un informe de la OIT, con sede en Ginebra, que corrobora que Colombia no cumple con los requerimientos de seguridad para los miembros de los sindicatos.  El ELSAC -comité laboral - en las sesiones del 10 y 11 de abril pasados, determinó bloquear el ingreso de Colombia a la OCDE, propósito que ronda el gobierno Santos desde el 2010. El gobierno nombró a Catalina Crane en la Embajada de a Francia como representante especial para el ingreso de Colombia a la OCDE. Habrá una nueva reunión en nuestro nuevo noviembre del 2017 pero difícilmente el gobierno podrá modificar en difícil escenario sindical que los trabajadores insistirán en denunciar.

Esta decisión estuvo antecedida de una campaña internacional liderada por la CUT en donde la central mundial CSI, las continentales CSA (de las Américas), CES (de Europa), acompañadas de las Federaciones Sindicales Internacionales y otras importantes centrales de diferentes países pidieron a diversos organismos de la OCDE y a su secretario general, Ángel Gurría, suspender el proceso del ingreso de Colombia teniendo en cuenta la sistemática negativa del gobierno colombiano a cumplir las exigencias que en materia laboral le han hecho al país diferentes organismos internacionales como la OIT, el Comité de Empleo de la OCDE, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL), la Oficina Administrativa Nacional de Canadá (NAO) y las Naciones Unidas.

Estos son los argumentos de la CUT que denuncia el peligro de ser sindicalista en Colombia.

La CUT ha sostenido que en Colombia continua la informalidad laboral y subcontratación, en donde se ha producido un fuerte retroceso con la expedición en abril de 2016 del decreto 583, sin una discusión previa con las centrales de trabajadores, el cual legalizó la tercerización y los contratos a corto plazo en las actividades misionales, quitando la posibilidad legal al trabajador de defenderse.

En cuanto al tema de inspección laboral, en el año 2014, en la 103 conferencia de la OIT aunque no hubo conclusiones, Colombia estaba incluido en la lista de países llamados por la Comisión de Normas por violación al convenio 81 sobre inspección laboral.

El incremento en las formas atípicas de tercerización como las Cooperativas de Trabajo Asociado-CTA y sus mutaciones a Sociedades por Acciones Simplificadas-SAS, contratos sindicales o falsos sindicatos y pactos colectivos han llevado a un serio retroceso en materia de negociación colectiva.

Por otra parte, si bien es cierto que han disminuido los asesinatos contra sindicalistas, no ha desaparecido esta práctica. En el gobierno del presidente Santos se ha producido 149 asesinatos, 17 de ellos el año anterior. Los documentos demuestran una impunidad superior al 90% a pesar de los constantes requerimientos de la comunidad internacional. Lo grave es que han aumentado las amenazas, destierros, exterminio de organizaciones sindicales y acciones violentas contra el derecho de asociación y negociación colectiva, todo lo anterior sumido en la mayor impunidad e inoperancia de la justicia penal y la inspección laboral.

Por tal razón, la CUT considera que no se debe continuar el trámite de ingreso de Colombia a la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico OCDE, por cuanto a pesar de los fuertes requerimientos que se le han hecho al gobierno colombiano, desde las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel de la OIT en 2011, y otros organismos internacionales en estos últimos 5 años, el gobierno mantiene la posición de ignorar totalmente todo lo que implique garantizar el trabajo decente, la plena libertad sindical y frenar la violencia antisindical.

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