La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves 19 de febrero, por unanimidad, y tras dos semanas de consultas con sectores de la política y de la sociedad civil, la ley que conducirá a la excarcelación de cientos de detenidos en ese país. Por eso, en la avenida que bordea la tenebrosa cárcel del Helicoide, las madres y familiares alzaron sus celulares encendidos en la noche del jueves, en un acto simbólico que resume 27 años de incertidumbre y de espera.
Situación dramática
La ONG Foro Penal contabiliza que aún hay 644 presos políticos en Venezuela, tras las 448 excarcelaciones que se han ordenado desde el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.
Llama la atención que, al cubrir la amnistía hechos de hace 27 años, haya presos que acumulen tal cantidad de tiempo privados de la libertad. Además, aunque el texto de 16 artículos no detalla los delitos exactos que podrían acogerse a la amnistía, se ha hablado de figuras como instigación a actividades ilegales, resistencia a la autoridad, rebelión y traición.
Quiénes podrán acogerse y quienes quedan excluidos
La ley aprobada contempla amnistía por la participación en protestas políticas y en "acciones violentas" ocurridas durante el breve golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.
Están excluidas las personas condenadas por "rebelión militar" por su participación en los sucesos de 2019, año durante el cual se registraron 6.200 protestas sociales por la crisis económica, la escasez de servicios básicos y la falta de derechos sociales en las que murieron 67 personas y hubo centenares de heridos.
Lo que sí está firme es que no se contempla devolución de bienes incautados, ni revoca las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos por motivos políticos, ni cancela sanciones contra medios de comunicación.
Un punto que fue objeto de debate fue el relacionado con los opositores fuera del país, porque entre ellos se encuentran figuras como María Corina Machado y Edmundo González. Lo que quedó escrito es que quienes están fuera del país, pueden designar a un abogado para presentar la solicitud de amnistía, pero exige que la persona comparezca personalmente en Venezuela para que se le conceda. Además, elimina las órdenes de captura internacionales para quienes reciban amnistía y establece que los tribunales deberán decidir sobre las solicitudes en un plazo de 15 días.
Solo aplicará a quienes "hayan cesado" en la ejecución de los hechos considerados delito.
Pitos y palmas
Mientras el gobierno presenta la medida como un paso hacia la reconciliación, sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos señalan que el verdadero alcance dependerá de cómo los tribunales interpreten las exclusiones.
El punto central del debate es que la ley no garantiza la liberación total de todos los considerados presos políticos. La revisión caso por caso implica que algunos podrían quedar fuera si sus acusaciones son clasificadas como delitos graves no amnistiables.
Como hay 644 encarcelados, la implementación es gradual y no existe una liberación automática masiva. Las palmas son para la aprobación por unanimidad en la asamblea de mayoría del gobierno y algunos opositores que se abrieron de la unidad en las elecciones legislativas pasadas.
Es el caso de Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina Machado, aunque esté en Primero Justicia. Guanipa ya fue liberado, y su hermano Tomás votó a favor de la Ley. No obstante, Guanipa manifestó que el de la ley es un documento chucuto (insuficiente) que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y que excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas. Desde su cuenta de X añadió que la liberación de presos políticos no es ningún acto de clemencia.
Las palmas son también para las madres y familiares que han aguardado en medio de la inclemencia del clima días y noches enteras con letreros y fotos de los cautivos en Caracas, frente a una comisaría de la Zona 7, y que han llegado al punto de hacer una huelga de hambre que comenzó tras el vencimiento de un plazo de excarcelaciones prometidas por Jorge Rodríguez la semana pasada.
Otras objeciones
Algunas organizaciones de derechos humanos señalan que la norma es restringida y no ofrece alivio a aquellos que estas entidades consideran presos políticos, incluidos militares.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada, firmó la ley en la casa de Gobierno, tras recibir el texto de mano de su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asambla Nacional (Congreso).
“Hay que saber pedir perdón y también saber recibir perdón” dijo la presidenta, en tanto que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, deploró que “hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos para que todas y todos busquemos y promovamos la hermandad, la unión y la paz de la República". Con anterioridad había manifestado claramente que en su momento no fue partidario de que el régimen de Nicolás Maduro acudiera al encarcelamiento de sus opositores.
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