La llegada al poder de un presidente identificado con la izquierda radical ha generado, en amplios sectores del país, una profunda preocupación sobre el rumbo institucional, educativo y social que podría tomar Colombia. No se trata únicamente de una discusión electoral, sino de un debate más amplio sobre el tipo de sociedad que se está formando y el papel que cumplen las instituciones en ese proceso.
Una de las inquietudes centrales es el uso de la educación como vehículo de activismo político. Desde edades tempranas, algunos estudiantes son expuestos a visiones ideológicas presentadas no como interpretaciones debatibles, sino como verdades incuestionables: la lucha de clases, el antagonismo entre “opresores” y “oprimidos”, y la idea de que el sistema es, por definición, injusto y corrupto. Cuando la formación pierde equilibrio y pluralismo, deja de ser educación y se acerca al adoctrinamiento.
El problema no es enseñar a Marx, Lenin u otros pensadores. El problema surge cuando se los presenta como dogma y no como parte de un abanico de corrientes que deben ser analizadas críticamente junto con otras visiones políticas, económicas y filosóficas. La educación pública debe formar ciudadanos libres, no militantes. Cuando el aula se convierte en plataforma política, se debilita el principio de pluralidad que debe regir al sistema educativo.
La experiencia reciente también ha puesto en evidencia debilidades estructurales del Estado: en materia de seguridad, control carcelario, eficiencia administrativa y rendición de cuentas. La persistencia del crimen organizado, la extorsión desde los centros penitenciarios y la sensación de impunidad han deteriorado la confianza ciudadana y han reforzado la percepción de un Estado con dificultades para garantizar la protección de quienes cumplen la ley.
Paradójicamente, este gobierno también ha funcionado como una radiografía institucional. Ha permitido identificar con mayor claridad dónde están las fisuras, pero también qué fortalezas siguen operando: la independencia relativa de algunas instituciones, la capacidad de resistencia del sistema democrático y el papel de una sociedad civil que, pese a la polarización, continúa siendo activa y vigilante.
De cara al futuro, la tarea no puede limitarse al plano electoral. No basta con cambiar un gobierno si no se revisan las condiciones que facilitaron su llegada. Resulta necesario repensar el sistema educativo para garantizar un pluralismo real, fortalecer los mecanismos de control político y social, revisar el funcionamiento del sistema penitenciario y reconstruir la confianza en el Estado de derecho.
Estos no son debates exclusivamente ideológicos, sino institucionales. Lo que está en juego no es si gobierna la izquierda o la derecha, sino si Colombia preserva una democracia plural, con ciudadanos formados para pensar, disentir y decidir libremente, o si avanza hacia un escenario donde la política se impone desde el aula, la presión social o la intimidación.
Los próximos años no serán solo un conteo regresivo hacia una nueva elección. Serán una prueba sobre la madurez de nuestras instituciones y sobre la capacidad colectiva del país para corregir errores sin destruir aquello que aún funciona.
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